"Colombia se 'raja' en derechos humanos": 500 organizaciones sociales
Al menos 500 organizaciones sociales y de derechos humanos se unieron para realizar un informe conjunto a propósito del Examen Periódico Universal (EPU) que tendrá Colombia este año, evaluación de la que, concluye el informe, Colombia no sale bien librada pues no ha cumplido con las recomendaciones dadas por los países miembro en materia de derecho humanitario y derechos humanos.
El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como propósito hacer un seguimiento país a país con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 miembros de la ONU. El Examen se realiza cada cinco años para cada país y este será el tercer ciclo de Examen a Colombia.
El informe de las organizaciones de la sociedad civil colombiana es el resultado de la recopilación de información suministrada por alrededor de 500 organizaciones sociales, del periodo comprendido entre 2013 y 2017, y es presentado en 11 capítulos y 25 temas, que recogen la situación de derechos humanos en el país identificando las afectaciones diferenciadas para mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y población LGBTI. De igual forma hace seguimiento a las recomendaciones por países emitidas en el anterior ciclo del EPU.
El documento parte de destacar que la firma del Acuerdo de Paz ha significado un alivio humanitario que según datos del Cerac ha evitado la muerte de alrededor de 2.300 personas. No obstante, señalan que persiste el conflicto y los demás actores continúan infringiendo el Derecho Internacional Humanitario con a través del desplazamiento forzado, el confinamiento bombardeos reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, irrespeto a la objeción de conciencia, violencia sexual, secuestro y ataques a bienes y personas protegidas.
Se estima que entre 2013 y 2016 entre 600 y 700 mil personas han sido desplazadas, según el Internal Displacement Monitoring Center y la Unidad Nacional de Víctimas.
En el caso de la población de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans se pudo evidenciar que a la fecha, Colombia ha recibido tres recomendaciones específicas acerca del reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas LGBT, no obstante no ha cumplido en todas sus obligaciones.
Aquí un análisis
- En 2008, la República Checa recomendó a Colombia “Realizar campañas de sensibilización del público contra los prejuicios sociales y en favor del principio de igualdad y no discriminación, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género”. Consideramos que el Estado colombiano ha cumplido parcialmente esta recomendación.
- En algunas ocasiones, el Gobierno se ha comprometido públicamente con el respeto y la garantía de los derechos de las personas LGBT. Sin embargo, no ha desarrollado campañas de sensibilización de manera a nivel nacional. En 2010 el Gobierno se comprometió a elaborar una política pública nacional para la garantía de los derechos de las personas LGBT 12 y en 2011 el Ministerio del Interior asumió la formulación y seguimiento de dicha política y así lo informó el Estado de Colombia en el EPU de 2013. Sin embargo, a la fecha no ha sido expedida.
- En 2013, Argentina recomendó a Colombia “considerar la posibilidad de promover medidas para la protección e integración de las personas LGBT”. Consideramos que el Estado colombiano sólo ha cumplido de manera parcial esta recomendación.
- Aunque varias instituciones han desarrollado programas para investigar y sancionar los actos de violencia contra personas LGBT, estos esfuerzos no se han traducido en una disminución de los actos de violencia contra esta población ni en un mayor avance de las investigaciones penales y disciplinarias. Como se verá en el capítulo 2, el programa de fiscales destacados para investigar crímenes contra personas LGBT no ha tenido los resultados esperados, no hay garantía de acceso a la justicia cuando la Policía se ivestiga a sí misma en casos de violencia policial hacia personas LGBT y las investigaciones por amenazas por lo general son archivadas y no existen programas ejecutivos de protección con enfoque diferencial.
- Por último, también en 2013 Islandia recomendó a Colombia “Dar mayor reconocimiento a las parejas del mismo sexo mediante la legalización del matrimonio y de la adopción por parte de personas del mismo sexo”. Consideramos que una vez más su cumplimiento ha sido parcial.
- En noviembre de 2015, la Corte Constitucional reconoció que las parejas del mismo sexo pueden aplicar al proceso de adopción de menores en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. En abril de 2017, la Corte Constitucional reconoció el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los prejuicios de funcionarios públicos y la oposición del ex Procurador General de la Nación imponen barreras a la garantía efectiva del matrimonio y la adopción igualitaria.
