Colombia Diversa en la audiencia del Congreso sobre la Ley de Identidad de Género.

Colombia Diversa durante más de 20 años, ha defendido los derechos de las personas LGBTIQ+ en nuestro país, que pueden resumirse en el derecho a existir, expresar su identidad y vivir de la manera que se quiere. 

Tiempo durante el cual Colombia ha avanzado en el respeto por la vida y la dignidad de las personas, muestra de ello son las más de 200 sentencias que la Corte Constitucional ha emitido reconociendo que los derechos de las personas LGBTIQ+, si,  son derechos humanos y por lo tanto merecen igual protección.

Y eso es justo lo que hoy nos convoca, la solicitud que se ha hecho desde las organizaciones de personas trans a que el Congreso, legisle en favor de la protección de los derechos de sus derechos. Una protección que no parte de cero sino que ya ha sido analizada por la Corte Constitucional en más de 60 sentencias de constitucionalidad y de revisión que protegen los derechos de las personas trans en aspectos como el cambio de nombre, corrección del componente sexo, acceso a la educación, derecho a la no discriminación en entornos educativos y laborales, de privación de la libertad, libreta militar, pensión, acceso a servicios de salud, entre otros.

Lamentablemente, estos pronunciamientos judiciales no han sido suficientes para detener la discriminación contra las personas trans en nuestro país. Para el año 2023 según cifras del Observatorio de Colombia Diversa en el caso de la violencia homicida y amenazas las personas trans ocupan el segundo lugar con un porcentaje entre el 20 y 30% de los casos; y en los casos de abuso policial,  es decir violencias ocasionadas por la fuerza pública, las personas trans son las principales víctimas llegando a ser el 34,6 % de los casos.

El PL 122 de 2024 CR, Ley Integral de Identidad de Género, constituye entonces un llamado al Congreso a cumplir con su función de legislar para proteger a una población que ha sido tradicionalmente maltratada, discriminada y relegada a vivir en los márgenes del derecho y de la protección del Estado. Es la oportunidad que tiene este órgano legislativo de poner su grano de arena en la creación de una Colombia más inclusiva y respetuosa de la dignidad humana en todo su esplendor. No se trata de privilegiar a una persona sobre otra a partir de sus características individuales y de aspectos vitales que se pueden o no compartir, sino de hacer prevalecer los valores de la democracia como son el pluralismo y la diversidad.

En los últimos años Colombia Diversa ha atendido 193 consultas jurídicas de personas trans que solicitan información sobre el acceso y ejercicio a sus derechos, esto debido a que aún funcionarios y funcionarias no consideran obligatorias las sentencias de la Corte Constitucional y las personas trans deben acudir a los servicios que requieren con conocimiento jurídico, casi con las sentencias “en la mano” para acreditar el reconocimiento de sus derechos. Situación que sin duda alguna la expedición de una Ley remediaría al cerrar la brecha interpretativa sobre el reconocimiento de la igual dignidad de una persona trans para acceder a los servicios y protección que el Estado reconoce a todas  las personas.

Es necesario que, desde el Congreso y no sólo desde las Cortes, se materialice para las personas trans, lo expuesto en el preámbulo de nuestra constitución relativo a “…asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo…”, así como lo señalado en el artículo 2 constitucional, en el que se destaca que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Adicionalmente, es de resaltar que este proyecto de Ley cumple con el principio de participación ciudadana, ya que fue elaborado desde la experiencia directa de las personas trans y sus necesidades, su redacción y estructuración fue realizada por organizaciones y personas trans de todo el país. 

Archivar o dilatar el trámite de este proyecto implica deslegitimar sus voces, sus necesidades de protección y en últimas sus vidas.

Esta ley es justamente la oportunidad de concretar acciones en contra de la violencia sufrida por las personas trans, de las que el caso reciente de Sara Millerey es un ejemplo. Darle trámite es una muestra de voluntad real de evitar que situaciones como la de Sara se repitan, más allá de declaraciones, alertas, comunicados o expresiones de rechazo. Trabajar en contra de la violencia requiere de decisiones concretas y está es una oportunidad que tiene el congreso para reparar a las personas trans de la violencia que hoy continúa.