A finales de 2016, el INPEC emitió el nuevo Reglamento General, con el cual se superan muchos de los vacíos normativos frente a la aplicación de un enfoque diferencial por orientación sexual o identidad de género en las cárceles. No obstante, el impacto real de este avance en la garantía de derechos de las personas LGBT depende de la armonización de todos los reglamentos internos de las cárceles.
La adecuación normativa debe complementarse con procesos de capacitación sostenida al personal penitenciario y carcelario, y el resto de la población privada de la libertad.