#LuisNoEstásSolo: las reflexiones en torno al caso del joven a quien le quitaron su brazo por ser gay
Pareciera que la historia de un joven a quien le quitan parte de su brazo solo por ser gay fuera ficción, un asunto de otra época o de un país como Rusia, Egipto o las Islas Caimán, en los que las personas LGBT aún son criminalizadas. Pero no. La historia es real y sucedió en Colombia. Su protagonista es Luis Álvarez, tiene 17 años y vive en Sincelejo, Sucre.
El avanzado reconocimiento legal de derechos de personas LGBT en nuestro país ha llevado a muchas personas a pensar que los actos de violencia contra esta población desaparecieron, que las barreras para acceder a la justicia ya no existen o que, por fin, el Estado tiene voluntad política genuina para prevenir la violencia y crear políticas públicas para combatir la discriminación contra población LGBT, pero estas situaciones están lejos de ser una realidad.
Muchas violaciones a los derechos humanos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas siguen sucediendo, pero el Estado no ha tomado cartas en el asunto para prevención integral de estos abusos. Uno de los asuntos más olvidados es la violencia contra niñas, niños y jóvenes LGBT, un tema que suele minimizarse y, en ocasiones, es normalizado socialmente bajo la excusa que es “un juego de niños”.
El caso de Luis Álvarez pone sobre la mesa una pregunta: ¿cuáles son las fallas que estamos cometiendo como sociedad, las faltas del Estado y el rol de las instituciones educativas y las familias para detener los atropellos y exclusión del que son víctimas niños, niñas y jóvenes LGBT? Veamos una primera reflexión desde el ámbito local.
No es lo mismo ser un “marica” en Bogotá que en Sincelejo (Sucre)
El año pasado fue la primera marcha LGBT en Sincelejo, Sucre. La emoción de ver cómo la gente celebraba su identidad sin ningún tapujo llevó a creer que la diversidad sexual y de género había llegado para quedarse en la capital sucreña. Sin embargo, no fue así. Los actos de discriminación siguieron sucediendo y uno de los más evidentes fue el de Luis, el pasado 30 de julio. Los motivos detrás de los ataques homofóbicos y transfóbicos que se viven en este departamento son muy variados: las costumbres, pensamientos, idiosincrasia y códigos sociales en Sucre se encuentran arraigados a percepciones más tradicionales y conservadoras que no ven con buenos ojos a la diversidad.
El machismo y los roles sociales tan arraigados hacen que cualquier persona que se salga del papel de “hombre” o “mujer” tradicional sea víctima de acoso, agresión, exclusión social o, incluso, de violencias tan extremas como la que sufrió Luis. Desde Sucre Diversa, organización que lucha por los derechos de personas LGBT en el departamento, se han conocido casos de jóvenes LGBT que han sido amenazados por sus profesores a causa de su liderazgo o por el sistema educativo que no respeta sus derechos. No obstante, dichas denuncias no se limitan al ámbito escolar; la violencia que se vive dentro de los hogares también es una constante.
La ausencia de capacitación a coordinadores/as educativos, entre otras, facilita el aumento de violencias cometidas en contra de niños, niñas y jóvenes LGBT.
“La violencia contra niños, niñas y adolescentes LGBT en Sucre sucede debido a la falta de interés y garantías para el abordaje de los temas de diversidad sexual y de género en las aulas de clase, con padres y madres de familia, en el barrio; en general, en todos aquellos ambientes en los que esta población suele socializar”, asegura Juan Carlos Salas, director de la Fundación Sucre Diversa. De la misma manera, Salas asegura que desde que no se permita hablar sobre los temas de diversidad, nunca se llegarán a aquellos espacios en los que la gente suele juzgarla.
Por ejemplo, según Salas, la Secretaria Municipal de Educación de Sincelejo ha mostrado disposición para promover el diálogo sobre sexualidad y género, pero dada la negativa de instituciones educativas de hablar de estos asuntos, no se han podido implementar programas pedagógicos que aborden la problemática. De hecho, Juan Carlos Salas asegura que muchas de las instituciones educativas de la capital sucreña no han modificado sus manuales de convivencia, a pesar de la sentencia proferida por la Corte Constitucional después del suicidio de Sergio Urrego (T-478 de 2015) que pide la revisión de los manuales de convivencia e implementar la ley de convivencia escolar (ley 1620 de 2013).
La falta de actualización de manuales de convivencia no es el único reto para hablar sobre diversidad en aulas de clase. La ausencia de capacitación a coordinadores/as educativos, la poca cantidad de psicólogas/as que orienten sobre el tema (se estima que existen 15 profesionales en salud mental para alrededor de 3.000 estudiantes en Sincelejo), y el prejuicio que persiste por parte de rectores/as, son una ecuación que facilita el aumento de violencias cometidas en contra de niños, niñas y jóvenes LGBT.
Producto de esta desatención son las diversas denuncias que han recibido en Sucre Diversa. Sin embargo, el temor a represalias, castigos, instigación en las escuelas e incluso expulsiones de sus hogares hacen que muchos de los casos de homofobia y transfobia no lleguen a ser conocidos por las entidades departamentales.
La violencia que no parece existir
Pasando del nivel local al nacional es vital señalar que las violencias cometidas contra personas LGBT en nuestro país suelen no avanzar y los responsables no son identificados ni sancionados. La falta de categorización de las víctimas, la confusión de identidades, así como el poco interés de algunos mecanismos del Estado para investigar y sancionar la violencia por prejuicio ponen en riesgo a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; sobre todo a las personas menores de edad.
En los 15 años que lleva Colombia Diversa investigando sobre las graves violaciones a los derechos humanos de personas LGBT en Colombia, son pocas las investigaciones y estudios que se han emitido sobre ataques contra la integridad de niños, niñas y jóvenes LGBT. Y no es porque no existan. De hecho, en nuestro último informe de derechos humanos conocimos que al menos 11 personas menores de edad de esta población fueron asesinadas durante 2014 y 2018, siendo las jóvenes trans y adolescentes gays las principales víctimas.
Si bien el tipo de violencia que más se conoce son los asesinatos, no significa que la intrafamiliar, escolar o la sexual no existan. De hecho, según Gustavo Pérez, coordinador del área de derechos humanos de Colombia Diversa, se estima que alrededor del 23% de mujeres lesbianas, bisexuales y trans que fueron víctimas de violencia sexual en Colombia entre el 2015-2018 eran menores de edad entre 10 y 17 años.
Alrededor del 23% de mujeres lesbianas, bisexuales y trans que fueron víctimas de violencia sexual en Colombia entre el 2015-2018 eran menores de edad
De la misma manera, la violencia intrafamiliar en contra de jóvenes LGBT también es una realidad. El área legal de nuestra organización ha recibido casos de adolescentes a quienes les privan de comunicación con otras personas o sus parejas, las encierran en sus casas o las expulsan de sus hogares cuando se enteran de su orientación sexual e identidad de género.
Si existe, ¿por qué no se habla?
Uno de los motivos detrás de la poca investigación o conocimiento sobre violencia en contra de menores LGBT se debe a la negación constante de su existencia. Cada vez que se intenta hablar sobre esta realidad surgen debates que confunden a padres y madres de familia bajo el argumento que se quiere “homosexualizar” a niños, niñas y adolescentes o interceder en la crianza de estos.
La segunda razón es el prejuicio aún existente entre padres y madres, quienes en muchas ocasiones no saben cómo manejar la orientación sexual e identidad de género diversas de sus hijos/as. Un estudio realizado por la Univerisdad George Washington asegura que padres y madres afroamericanos/as y latinas/os tienen un mayor problema al aceptar a sus hijos/as LGBT cuando salen del clóset. Las costumbres y tradiciones de cada región, los factores que más intervienen en dicha dificultad.
La tercera razón es la falta de políticas públicas y programas en contra de la violencia que tengan en cuenta la edad y la orientación sexual e identidad de género como factores de vulnerabilidad. Lamentablemente esta formulación de políticas solo se hace desde una perspectiva de personas adultas.
Un avance legal que no se materializa
Colombia es uno de los países que cuenta con una de las jurisprudencias más avanzadas en cuanto a diversidad sexual y de género. Alrededor de 20 sentencias de la Corte Constitucional de Colombia promueven aulas de clase libres de discriminación para niños, niñas y jóvenes LGBT.
“Las sentencias del Alto Tribunal nos reiteran que los niños, niñas y adolescentes LGBT tienen la capacidad cognitiva, y los derechos fundamentales para vivir libremente la exploración de su identidad de género y de su orientación sexual”, señala Juan Felipe Rivera, coordinador del área de litigio de Colombia Diversa. Además, agrega el jurista que con los fallos de la Corte se reitera que los derechos de personas menores de edad son exigibles ante adultos, las instituciones, comunidades educativas y ante el resto de la sociedad.
Aun cuando el sistema jurídico colombiano es muy avanzado, este tiene una poca o baja socialización y existen pocos mecanismos para que la gente del común los conozca y se implementen. Muchas veces esta materialización puede estar obstaculizada por diferentes motivos. Por ejemplo, en 2014 Sergio Urrego, un joven gay de Bogotá, se quitó la vida debido a la presión por parte de integrantes del plantel educativo de su Colegio, quienes al conocer su orientación sexual le obligaron a contarle a sus papás y así mismo, lo obligaron a ir a psicología.
Tan solo dos años después de este horrible suceso y tras una sentencia de la Corte Constitucional que buscaba la revisión de los manuales de convivencia escolares para que respetaran la diversidad sexual y de género en las aulas, movimientos fundamentalistas y anti-derechos LGBT tergiversaron dicha medida y convocaron a masivas marchas bajo el argumento de que “se quería homosexualizar a los niños de Colombia”. Dichas movilizaciones enviaron, entre otras cosas, mensajes en contra de la niñez y adolescencia LGBT. “Prefiero un hijo muerto antes que marica” fue uno de los carteles que más se viralizó durante una de estas marchas.
¿La solución?
Teniendo en cuenta la realidad de cada región en Colombia, la poca visibilización de violencias contra personas LGBT menores de edad y la falta de implementación de las normas jurisprudenciales que procuran ambientes educativos libres de discriminación, es importante reflexionar si existe en una respuesta desde diferentes orillas.
Para Sucre Diversa la pedagogía y el esfuerzo conjunto entre las instituciones educativas y las familias son claves para detener actos de discriminatorios y violentos contra niños, niñas y jóvenes LGBT. “De nada sirve hablar sobre diversidad en los colegios, cuando en los hogares aún persisten las burlas y acosos basados en las orientación sexual e identidad de género”, asegura Juan Salas. Para este sincelejano, el punto de inicio de las violencias que sufren personas LGBT se da en su infancia, en la casa, en la calle, en el barrio; y todo porque se ha normalizado esa agresión.
Salas también señala que es importante hablar de diversidad en espacios de difusión como emisoras radiales, canales regionales, entre otros, pues estos medios de comunicación son lugares en los que se perpetúan estereotipos y prejuicios que alimentan la violencia en contra de jóvenes LGBT. Añade que la extensión de estos esfuerzos en diferentes espacios no debe ser cuestión de dos o seis meses, debe haber un seguimiento constante con el fin de erradicar la idea de que la diversidad sexual y de género es una cuestión temporal u un objeto de burla y agresión.
En su cartilla “Respuestas del sector educativo frente al bullying homofóbico”, la UNESCO señala que es importante tener un registro de incidentes de acoso escolar, la sensibilización y capacitación sobre el acoso escolar, la adopción por parte de planteles educativos de posiciones claras contra la homofobia y la transfobia, mecanismos confidenciales de denuncia, formación en tolerancia y respeto a estudiantes; así como la articulación con Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Sociedad Civil que sean expertas en diversidad sexual y de género. Así mismo apunta que dichas medidas deben ser complementadas con un apoyo estatal que demuestre interés por salvar las vidas de niños, niñas y jóvenes LGBT.
