2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT

Colombia Diversa lanza su más reciente informe de derechos humanos en el país y alerta que, a pesar de la evidencia, el Estado sigue sin tomar medidas de prevención y protección o buscando una mejora en sus sistemas de información que permitan explicar estas preocupantes cifras.

El 2020 fue un año muy violento para las personas LGBT en Colombia. Mientras el número total de homicidios y amenazas, en general, en el país disminuyó a niveles que no se veían desde hace 40 años, para el caso de lesbianas, gay, bisexuales y trans pasó lo opuesto, aumentaron considerablemente, así lo revela el más reciente informe de derechos humanos de Colombia Diversa titulado “Nada que celebrar” y que se lanza en medio de la conmemoración del mes del orgullo. 

Desde 2011 se venían registrando en promedio 110 homicidios por año sin, embargo, 2020 ha sido el año en el que más personas LGBT fueron asesinadas, amenazadas o fueron víctimas de violencia policial del que se tiene registro. Estas son las cifras y algunos de los datos más reveladores del documento:

Este incremento podría deberse a una mejora en el registro de casos de violencia contra población LGBT o efectivamente a un aumento de la violencia contra ella o a una combinación de ambos factores. Se resalta que se han multiplicado los canales de denuncia de violencia contra personas LGBT o los grupos LGBT han estado más activos en la denuncia de casos, lo que también puede contribuir a un mejor registro de datos. No obstante, es importante resaltar que no se tiene una respuesta exacta al por qué del aumento exponencial de las cifras debido a que no existen investigaciones detalladas o respuestas transparentes pro parte de los sistemas de información de las instituciones estatales competentes.

Calidad de la información suministrada por el Estado

Paradójicamente el año con el mayor número de casos registrados, también es el año con la menor cantidad de información detallada sobre los mismos por parte de organismos estatales. Desde años anteriores Colombia Diversa ha venido haciendo un llamado de atención sobre el subregistro de datos y la necesidad de que el Estado mejores sus sistemas de información y, si bien el registro de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas mejoró en la información suministrada por las instituciones, los detalles como el arma o método empleados al momento de los homicidios, el lugar de ocurrencia del hecho, los posibles móviles o el avance en los procesos penales no fue suministrada, como sí se venía haciendo en años anteriores.

El poco acceso a información detallada impide hacer un análisis más minucioso que permita ratificar patrones de violencia que se han identificado en estudios anteriores o reevaluarlos a la luz de nuevos datos. Lo anterior dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minuciosos y puedan explicar este aumento de la
violencia, que analicen el nivel de impunidad en las investigaciones o que propongan medidas de mitigación.

Es por esto que Colombia Diversa recalca la urgencia de que las autoridades competentes puedan explicar estas preocupantes cifras y que a su vez usen la información de la que disponen para identificar posibles patrones y tomar medidas efectivas de prevención o protección. De lo contrario, se configura un cumplimiento a medias de las obligaciones del Estado, pues se ha encontrado que algunas entidades gubernamentales no usan la información disponible para generar programas de prevención para investigar adecuadamente estas violencias o para sancionarlas.

Frente a este preocupante panorama el Gobierno actual ha contribuido a que se debiliten los mecanismos para la protección de personas LGBT en Colombia al no contratar personas competentes que se encarguen de trabajar por los derechos de esta población en entes como la dirección de derechos humanos en el Ministerio del Interior. Lo anterior ha llevado a que la política pública LGBT continúe pausada y que se haya acabado con la mesa de atención de casos urgentes. Mecanismos como estos son más necesarios ahora que nunca y su falta de implementación redunda en una mayor desprotección frente a una violencia en aumento.

Detalles que arrojan los datos:

- Al igual que en años anteriores, la mayoría de las víctimas de estos tres tipos de violencia fueron mujeres trans y hombres gay.
- La forma de violencia que más afectó a las mujeres lesbianas y personas trans bisexuales fueron las amenazas, mientras que para los hombres gays fueron los homicidios.
- A diferencia de 2019, cuando la afectación más frecuente para las mujeres y hombres trans fue la violencia policial, en 2020 lo que más las afectó fueron las amenazas.

- Al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. Sin embargo, también se presentaron algunos cambios significativos. El municipio de Maicao, por ejemplo, presentó menos víctimas de violencia policial que en 2019 pero más víctimas de homicidios y amenazas.

En cambio, en Boyacá se presentaron más denuncias por hechos de violencia policial contra personas LGBT que las que se habían registrado en ese departamento en todos los años anteriores.

Los meses más violentos para la población LGBT

A partir del mes de abril de 2020, cuando se decretó la cuarentena nacional, aumentaron los homicidios, los casos de violencia policial y las amenazas contra personas LGBT. Es decir, la violencia aumentó en el contexto del aislamiento
obligatorio.

• En junio se presentó el número más alto de casos de homicidios y de violencia policial. Aunque no hay una sola explicación para esto, llama la atención que 2020 fue un año en el que hubo restricciones a la movilidad y confinamientos, y que justo junio - el mes en el que se celebra el orgullo y se realizan distintas actividades para visibilizar a las personas LGBT y reivindicar sus derechos- haya sido uno de los más violentos para esta población.

• El pico más alto de amenazas se presentó en febrero. Aunque la información disponible no permite encontrar una única explicación, en febrero se registró un paro armado del ELN y varias de las amenazas contra las personas LGBT ocurrieron en regiones de influencia de este grupo armado, por lo que no se descarta que pudo estar relacionado con el alto número de casos registrados. 

Conflictos de personas LGBT y rutas de acceso a la justicia

Además de los hechos de violencia mencionados anteriormente, las personas LGBT se enfrentan a distintos tipos de conflictos en su vida diaria que vulneran sus derechos e intereses, pero que tampoco son atendidos de manera adecuada por el sistema de justicia.

En el informe se documentaron 327 casos que involucran conflictos que afectan a las personas LGBT, principalmente en el ámbito familiar (126 casos), los relacionados con el trabajo (54), los asuntos con el Estado (51), los servicios de salud (32) y los relacionados con la vivienda (16). Esto incluye casos de agresiones por parte de familiares, acoso laboral y discriminación por parte de agentes del Estado.

Ante estas situaciones, el informe señala que la oferta estatal de justicia no está pensada para una población como las personas LGBT, ya que no se tienen en cuenta sus necesidades diferenciales ni los contextos en los que viven.

En casos que involucran agresiones familiares, una de las grandes barreras es la posibilidad de que la víctima efectivamente denuncie los hechos de violencia intrafamiliar. Las consecuencias de denunciar este tipo de violencias, como puede ser la pérdida de redes de apoyo y situaciones de desprotección, ocasionan que muchas de las víctimas LGBT no denuncien y se vean sometidas a ambientes prejuiciosos. Además, señala que Así mismo, las Comisarías de Familia, que son las entidades encargadas de recibir estos casos, en muchas ocasiones no cuentan con una infraestructura adecuada, con equipos completos o con el conocimiento y sensibilización sobre las violencias basadas en género. Por último, se encontró que las medidas de protección contra estas violencias son ineficaces para las personas LGBT, más aún cuando la violencia intrafamiliar viene de su grupo familiar.

En casos que involucran conflictos en el ámbito laboral, como casos de acoso por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, también se encontró que los mecanismos existentes para tramitar estos casos no son efectivos para identificar cuando el acoso está motivado por el prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género de la
víctima, no existen lineamientos técnicos para abordar este tipo de casos y no existen garantías de no revictimización en los espacios laborales, por lo que muchas personas LGBT prefieren no denunciar estos casos con tal de no revelar su orientación sexual o identidad de género.

En este sentido, a pesar de que formalmente hay un entramado de justicia robusto, las leyes no cuentan con un enfoque de género y, en general, con enfoques diferenciales que permitan interpretar y analizar adecuadamente los casos de personas LGBT. Además, los funcionarios que administran justicia cuentan con prejuicios y estereotipos que impiden que los casos de personas LGBT sean tramitados de forma adecuada. Esto demuestra la insuficiencia del aparato de justicia para resolver a los conflictos que esta población enfrenta. Más aún, esto puede llegar a aumentar sus factores de vulnerabilidad e, incluso, en ocasiones resulta en un escalamiento de la violencia.