En este caso, la Corte revisa una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1482 de 2011, sobre los delitos de racismo o discriminación en el Código Penal. La razón de la demanda se basa en que, en el caso de la discriminación por diversidad sexual, la ley restringe la expresión de “la oposición y el rechazo de la mayor parte de confesiones religiosas hacia las tendencias sexuales alternativas como la homosexualidad, la zoofilia y la necrofilia”. Adicionalmente, cita como sustento cinco ejemplos en los que esta norma restringiría el libre funcionamiento de personas dentro de su credo religioso.
Por lo que la Corte menciona que existe una falencia dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano, ya que las razones de la demanda no están encaminadas a poner en juicio la ley, sino a demostrar que tiene problemas interpretativos. Así, la argumentación del actor no señala cómo la ley es opuesta a la Constitución, sino que presenta “la solución jurídica de la ley a determinadas hipótesis fácticas en las que las personas expresan y manifiestan su rechazo hacia las orientaciones sexuales alternativas, en virtud de sus creencias religiosas”. Adicionalmente, menciona que la razón de la demanda está basada en un entendimiento inadecuado de la ley, y que los delitos demandados se refieren solo “a las formas más graves de desconocimiento del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación, y no a cualquier manifestación de rechazo o crítica a las formas alternativas de vida”.
Por ende, la Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda a la Ley 1482 de 2011, formulada por Víctor Velásquez Reyes, ya que no se establece la contradicción entre la ley demandada y la Constitución.
