Sí, la Corte Constitucional en diversas sentencias (T-594 de 1993, T-1033 de 2008, T-063 y T-099 de 2015) ha insistido en que a las personas con identidades y expresiones de género diversas pueden exigir social, legal, administrativa o judicialmente que se modifique el uso de su nombre para que adoptar el que corresponde con su identidad.