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DERECHOS

ABC Derechos LGBTIQ+

Conozca aquí los avances legales más importantes que el Estado colombiano ha logrado en materia de derechos de personas LGBTIQ+. Este espacio busca ofrecer una guía clara, accesible y actualizada para que usted entienda cómo ejercer sus derechos de forma práctica y segura. Desde el acceso a la salud, la educación y la identidad de género, hasta el reconocimiento legal de parejas y familias diversas, aquí encontrará información confiable para defender su dignidad y exigir una vida libre de discriminación.

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Familia

Si. Desde el año 2015 las parejas del mismo sexo pueden adoptar  en Colombia sin ninguna restricción por motivo de su orientación sexual o identidad de género. Debiendo postularse como adoptantes en igualdad de condiciones que una pareja heterosexual y surtir el trámite establecido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la adopción de un niño, niña o adolescente.

El Código de Infancia y Adolescencia contempla tres modalidades de adopción:

  1. Adopción individual es la opción que se le da a una persona de adoptar.
  2. Adopción conjunta es la facultad que se le otorga a las personas solteras, los/las cónyuges conjuntamente y los compañeros/as permanentes que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.
  3. Adopción consentida es el permiso que se otorga al cónyuge o compañero permanente del padre o madre biológico de un niño, siempre y cuando la pareja demuestre la convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.

El Código no establece el sexo de los “compañeros permanentes” por lo tanto la norma es neutral y debe interpretarse de forma igualitaria.

Los requisitos generales para adoptar son:

  • Ser plenamente capaz.
  • Tener 25 años de edad cumplidos o más.
  • Demostrar la idoneidad fí­sica, mental, moral y social suficiente para ofrecerle una familia adecuada y estable a un menor de 18 años de edad.
  • Tener al menos 15 años más que la persona a adoptar.
Si, el código de infancia y adolescencia en el artí­culo 68 establece que pueden adoptar las personas solteras independientemente de su orientación sexual. La Corte estableció esto en el caso de Chandler Burr, ciudadano de los Estados Unidos, quien adoptó dos hermanos y posteriormente el ICBF intentó revocar la adopción. Determinando que el ICBF violó los derechos de los niños y que la orientación sexual no puede ser un criterio para negar o revocar una adopción. Ver sentencia T-276 de 2012

Si, el código de infancia y adolescencia en el artí­culo 68 señala que el cónyuge o compañero permanente puede adoptar al hijo de su pareja, siempre y cuando demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. En el caso de este tipo de adopción no es necesario que exista entre el menor y quien lo va adoptar una diferencia de edad de 15 años. Nota: De acuerdo con la Corte Constitucional “cuando la autoridad administrativa excluye la posibilidad de la adopción por consentimiento con fundamento en el carácter homosexual de la pareja requirente, vulnera los derechos de todos ellos a la autonomí­a familiar y a tener una familia, por cuanto se desconoce, sin razón que lo justifique, la existencia de un arreglo familiar en el que el menor, por voluntad de su padre o madre biológicos, comparte la vida con el compañero o compañera del mismo sexo de aquél, y en el que se conforma un ví­nculo sólido y estable entre ellos, a partir del cual el adulto ha asumido las obligaciones y deberes asociados al ví­nculo filial”[1].

De manera general, la adopción tiene dos etapas 1. Administrativa y 2. Judicial. La primera etapa se realiza ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, donde se presentan los documentos establecidos por esta entidad (https://www.icbf.gov.co/bienestar/proteccion/programa-adopciones) y se realiza la verificación de los derechos del niño/a así­ como el cumplimiento de los requisitos legales, terminando con la declaración de adoptabilidad del menor de edad. En la etapa judicial se tramita la solicitud ante un Juez de familia y a través de este se declara la adopción y se ordena el registro del/la menor con la información del nuevo padre o madre. Es la sentencia judicial la que establece la relación paterno-filial.

Esa propuesta de referendo fue archivada por el Congreso. Es decir, en Colombia sigue vigente y sin ninguna restricción el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar.

En este caso es importante que tenga los datos de la persona que le atendió, la fecha y las razones que le dio para no recibir o tramitar su postulación. Con esa información puede presentar una queja ante la Procuradurí­a, adicionalmente si la negativa se la han dado mediante una resolución puede presentar los recursos de ley. En caso de estar en una situación de negación de su derecho por motivo de su orientación sexual, puede comunicarse con nosotros al correo consultasjuridicas@colombiadiversa.org para asesorarle.

La adopción y la figura existente en Colombia para registrar los hijos de las parejas del mismo sexo con los datos de ambos padres o madres, aplican a casos distintos: Adopción: procede cuando una persona ajena a la pareja que decidió tener un hijo o hija, desea vincularse como padre o madre con éste. Un ejemplo de esta situación es cuando una persona con un hijo de una relación anterior forma una familia con otra persona que establece una relación de padre o madre con su hijo, en este caso si esa nueva persona quiere establecer un ví­nculo jurí­dico con el hijo de su pareja, debe realizar un trámite de adopción. Registro civil de niños: es la manera como se ha denominado la inscripción en el registro civil de nacimiento de un niño o niña de su dos padres o dos madres. Y se aplica cuando el nacimiento del niño o niña ha sido producto de una decisión conjunta de la pareja del mismo sexo de acudir a un tratamiento de reproducción asistida. Es decir, que sólo se puede incluir directamente en el registro civil de nacimiento de un niño o niño a sus dos padres o madres cuando su nacimiento se da dentro de una pareja casada o unida en la que ambos decidieron tenerle y acudir a un tratamiento de reproducción asistida.

No se trata de una mejor opción, sino de en qué casos aplica uno y otro procedimiento; ya que no es posible suplir la adopción con otro trámite. Ver la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre el trámite adopción y el de registro civil de niños

Informar la composición familiar no es una obligación laboral, salvo que existan polí­ticas empresariales en relación con los ví­nculos familiares. Pero si desea que su pareja, hijos e hijas disfruten de los beneficios de bienestar social que ofrezca su empresa, así­ como disfrutar de las licencias por maternidad, paternidad o luto, que su familia tenga la calidad de beneficiarios en salud y en la caja de compensación familiar, su empleador necesitará conocer la información de su cónyuge, compañero o compañera permanente, de sus hijos e hijas, así­ como de las personas a su cargo, por ejemplo, hijos o hijas de su pareja vivan con ustedes.

Existen licencias legales que a las que toda persona tiene derecho independientemente de su orientación sexual, ya que a través de ellas se garantizan los derechos de los menores a contar con sus dos padres o madres: – La licencia por “maternidad”. Es concedida a todas las personas que se encuentren en embarazo y pueden empezar a disfrutarla unas semanas antes del parto o a partir de éste, su duración es de 18 semanas. También aplica a la pareja cuando ésta quede a cargo del niño o niña sin apoyo de quien tuvo el parto. Se debe presentar dentro del mes siguiente el certificado de nacimiento. – Licencia por “paternidad”. Tienen derecho a disfrutar de ésta las parejas de las personas que han tenido un parto, con el fin de que también pueda disfrutar de la llegada de su hijo o hija, su duración es de 8 dí­as hábiles. Se debe presentar dentro del mes siguiente el registro civil de nacimiento Nota: En los casos de adopción, las licencias de “maternidad” y “paternidad” aplican de igual manera y por los mismos tiempos. Contadas a partir de la entrega oficial del o la menor que se adopta (Ley 1822 de 2017)

Si. Esta licencia es el derecho a compartir con su familia 5 dí­as en caso del fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente, padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas, suegros o suegras.

NINGÚN trabajador o trabajadora puede ser despedido por motivo del embarazo o lactancia. Protección que se extiende a su pareja en caso de que sea la única que tenga vinculación laboral. Con independencia del ví­nculo que les una o el sexo de la pareja[1]. Nota. Adicionalmente, en caso de beneficios no contemplados en la ley que conceda el empleador o contratante, deben ser aplicados por igual a las familias diversas. Por ejemplo, en caso de matrimonio, aunque no existe la licencia legalmente, es posible solicitar una licencia temporal remunerada o no con el empleador, pero si el empleador o contratante suele dar un permiso especial por esto, debe aplicarlo por igual en el caso de las parejas del mismo sexo.

Que su empleador o contratante conozca la orientación sexual o identidad de género suya o de su familiar, NO le da derecho a hacerla pública o a informar de ella a nadie, sin su consentimiento. Abusar de la información que se llega a conocer de la vida privada de las personas con las que trabaja constituye ACOSO LABORAL. [1] Corte Constitucional sentencia C-005 de 2017

En caso de que necesite más información, que no encuentre respuesta a la situación que está viviendo o que haya realizado algunos de estos trámites, le agradecemos que escriba un correo a consultasjuridicas@colombiadiversa.org

Para reclamar la custodia de un hijo o hija, el documento básico es el registro civil de nacimiento, adicional a éste deben presentarse documentos o testigos que demuestren su idoneidad para cuidar de su hijo/a. Adicionalmente, para ante el Juez de Familia es necesario aportar ata de no conciliación sobre custodia de hijos expedido por la entidad ante la cual se intentó llegar a un acuerdo en relación con la custodia.

El Código de Infancia y Adolescencia en su artí­culo 23 se refiere a la custodia y cuidado personal de los menores de edad como un derecho de los niños y una obligación de los padres o representantes legales; la cual se traduce en el oficio o función mediante el cual los padres y madres tienen el poder para criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta de sus hijos.

Mientras la custodia puede conciliarse y asignarse a un solo de los padres o madres o familiares cercanos cuando estos no son idóneos para cuidar a sus hijos, la patria potestad no. Ésta, es irrenunciable, imprescriptible e intransferible, ya que los padres no pueden sustraerse al cumplimiento de las obligaciones que tienen para con los hijos, a menos que la patria potestad sea restringida o interrumpida únicamente por decisión judicial o cuando se da un hijo en adopción. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, con el fin de protegerles sin que dependa de la existencia o no de un ví­nculo matrimonial entre estos. Los derechos que comprende la patria potestad, se hacen referencia: (i) al usufructo de los bienes del hijo, (ii) a la administración de esos bienes, y (lii) a la representación judicial y extrajudicial del hijo, iv) y en relación con la persona del hijo se refieren al derecho de guarda, dirección y corrección del hijo.

No. El fundamento para negar la custodia o privar a una persona de la patria potestad, no puede ser su orientación sexual. Para definir a quien se la entrega la custodia y cuidado personal de un menor cuando no ha sido posible que entre los padre o madres se llegue a un acuerdo ICBF o el Juez deben considerar el interés superior del éste, dependiendo de su edad escuchar su opinión y su situación familiar, económica, social, psicológica y cultural, para determinar el progenitor más responsable e idóneo para asumir tal obligación. Por su parte para la privación de la patria potestad se debe invocar una de las causales establecidas en la ley (artí­culo 315 C.C.), entre las cuales no se encuentra la orientación sexual: 1) Por maltrato del hijo. 2) Por haber abandonado al hijo. 3) Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. 4) Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año. 5) Cuando el adolescente hubiese sido sancionado por los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de la responsabilidad penal que les asiste. En sentencia T-252 de 2016 la Corte Constitucional señaló que es violatorio de la Constitución la aprobación de condiciones que limiten o impidan a una persona realizar un proyecto de vida en común, como serí­a el caso de impedir que una madre o padre tenga una pareja del mismo sexo para poder compartir con sus hijos.

Puede acudir ante el ICBF del lugar en que vive el menor o un Centro de Conciliación. Teniendo presente que por ser el ICBF la autoridad encargada de regular la custodia y el cuidado personal de un menor de edad, sino es posible que las partes lleguen a un acuerdo el o la defensora de familia (de ICBF) definirá provisionalmente la custodia (mientras las partes acuden a la ví­a judicial). Excepcionalmente, en casos de violencia intrafamiliar puede acudirse a la Comisarí­a de Familia para que al interior de un proceso de imposición de medida de protección se defina provisionalmente la custodia. Finalmente, si no es posible un acuerdo, la custodia puede reclamarse por ví­a judicial ante un juez de familia.

En este caso usted puede acudir al ICBF para que se definida la custodia o el régimen de visitas. De acuerdo con la Corte Constitucional “cada uno de los padres tiene derecho a mantener una relación estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, además la facultad de desarrollar su relación afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor. Por esta razón, cada uno de los cónyuges debe respetar la imagen del otro frente a sus hijos, no debe aprovecharse de su situación de privilegio, frente a aquel que no tiene la tenencia del menor, para degradarlo y menospreciarlo, olvidando que su función es buscar el desarrollo integral de los hijos” (Sentencia T-500/93)

Es la forma de referirse al matrimonio civil que se realiza entre personas del mismo sexo o entre personas trans. Se le dice igualitario para resaltar que es el mismo matrimonio que existe para las parejas heterosexuales y por lo tanto se debe aplicar el mismo procedimiento y solicitar los mismos requisitos.
Si, las parejas conformadas por dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer trans, una mujer y un hombre trans o dos personas trans pueden casarse por lo civil igual que puede hacerlo una pareja conformada por un hombre y una mujer[1].

Matrimonio igualitario (parejas del mismo sexo)

Para casarse en Colombia se necesita e primer lugar ser colombiano o extranjero con residencia de más de 6 meses[2] en el paí­s y adicionalmente presentar ante una Notarí­a o Juzgado civil municipal[3]:

  • Una solicitud de matrimonio en la que se señale:
  • El nombre completo de las personas que conforman la pareja
  • Los documentos de identidad de la pareja
  • El lugar de nacimiento
  • Edad
  • Ocupación
  • Domicilio o lugar de residencia de los contrayentes
  • Indicar si tienen hijos mayores o menores de edad
  • Afirmar que no tienen impedimento legal para contraer matrimonio
  • Que es su libre y espontánea voluntad hacerlo

La solicitud debe ser firmada por ambos miembros de la pareja (lesbianas o gays) y en caso de que una de las dos personas no pueda estar, le puede dejar el poder a otra persona para que firme por ella la solicitud o incluso que exprese su consentimiento el dí­a del matrimonio por ella (esto es lo que se conoce como matrimonio por poder).

  • Copia auténtica del registro civil de nacimiento de las o los contrayentes con vigencia no mayor a 3 meses, con nota de válido para matrimonio o como prueba de registro civil.

Si una persona o las dos son extranjeras, el registro civil debe ser apostillado  o legalizado[4], y adicionalmente, es necesaria una certificación de solterí­a emitida por la autoridad que cada paí­s señale.

Si estos documentos están en un idioma diferente del español, deben ser traducidos y no pueden tener vigencia mayor de 3 meses[5].

Tenga presente que todos los documentos emitidos en el exterior para que sean válidos en Colombia deben ser apostillados o legalizados en el paí­s que se expiden.

  • Fotocopia de la cédula de ciudadaní­a y/o documento de identificación (pasaporte en caso de extranjeros).
  • En el caso de la existencia de hijos debe aportar el registro civil de nacimiento de éstos y si son menores de edad, es necesario previamente realizar un inventario solemne de bienes.

El inventario de bienes es un trámite sencillo que se puede realizar ante la Notarí­a que se va a realizar el matrimonio o a través de un Juzgado. Consiste en nombrar un abogado para que represente los intereses de los menores y firme a nombre de éstos la escritura pública de inventario de bienes. Debe hacerse siempre que existan menores de edad así­ tengan o no bienes a nombre de los niño o niñas y antes del matrimonio.

El matrimonio civil es un acto que pueden hacer directamente las parejas, no es necesario de un abogado o abogado para que les represente.

 

Si es lesbiana, gay, bisexual o una persona trans y tiene problemas para casarse, comuníquese al correo consultasjuridicas@colombiadiversa.org

El matrimonio civil se puede realizar en una Notarí­a o en un Juzgado Civil Municipal. En ambos casos tiene el mismo valor legal y reconocimiento.

Diferencias en el matrimonio civil
Notarí­a Juzgado Civil Municipal
Costo La Notarí­a cobra por los servicios. Los trámites ante juzgado no tienen costo.
Tiempo El tiempo que lleva realizar el matrimonio suele ser corto. En promedio no más de 20 dí­as. Lo que varí­a según la agenda del notario o notaria y la fecha en que se desee realizar el matrimonio. El tiempo que lleva realizar el matrimonio puede oscilar entre un mes o más de acuerdo con la carga laboral del Juzgado.
Lugar Se puede realizar en la notarí­a o fuera de ella. (Esto afecta el costo del matrimonio) Se realiza en el despacho judicial.
Registro civil del matrimonio Lo realiza la misma Notarí­a. Luego de celebrar el matrimonio, es necesario acudir a una Notarí­a o Registradurí­a del Estado Civil a registrar el matrimonio.
Época del año Se puede cualquier dí­a o fecha del año siempre y cuando se haya reservado la fecha con antelación. No es posible a finales o inicios de año o en semana santa, ya que los juzgados se encuentran en vacancia judicial.

Si le dicen que no existe el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que no es posible registrar su matrimonio por que no tienen el formato, les ofrecen una figura distinta al matrimonio o les piden más requisitos, entre otros.

  • En caso de ser una Notarí­a: usted puede cambiar de Notarí­a, presentar un derecho de petición para que le den respuesta por escrito, presentar una queja ante la Superintendencia de Notariado y Registro[6].
  • En caso de que se trate de un juzgado, usted pude presentar un recurso judicial en contra de la decisión del juzgado. En este caso es recomendable contar con asesorí­a jurí­dica.

Después de la sentencia[7] de la Corte Constitucional del año 2016, quedó claro que todas las notarí­as y juzgados civiles municipales están en obligación de celebrar el matrimonio civil a las parejas que así­ lo soliciten, independientemente del sexo de sus integrantes. No obstante, aún sabemos de algunas notarí­as que presentan dificultades para realizar el matrimonio, por lo que les sugerimos contactar con nosotros para conocer su experiencia y revisar si en la ciudad que se encuentra conocemos de notarí­as que hayan realizado matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Estar unida o unido a una persona a través del matrimonio, permite que:

  • la pareja sea beneficiaria en salud
  • en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, quien sobreviva tiene derecho a recibir la pensión que tení­a quien falleció.
  • los hijos habidos dentro del matrimonio se presumen hijos de la pareja.
  • el o la cónyuge hereden a su pareja en caso de fallecimiento, cuando no haya dejado hijos.
  • acreditar el estado civil sin necesidad de testigos o pruebas adicionales al registro civil de matrimonio.
  • la pareja sea reconocida a nivel internacional como familia.
  • desde el primer dí­a de matrimonio surgen los derechos patrimoniales entre la pareja.
  • no exista obligación de denunciar un delito cometido por la pareja.

Si, el matrimonio entre un colombiano/a y un extranjero/a se puede realizar sin ningún inconveniente. Lo único es que para el caso de la persona extranjera, adicionalmente al registro civil de nacimiento, se debe aportar un certificado de solterí­a expedido por la autoridad que certifique el estado civil en el paí­s del cuál procede. También es importante tener presente que todo documento expedido en el extranjero debe der apostillado o legalizado y en caso de estar en un idioma diferente del español debe realizarse una traducción oficial de éste. Ver pregunta sobre requisitos #3

En Colombia no es posible acceder a la residencia como primera visa de entrada al paí­s, salvo que se trate de una persona que sea padre o madre de un colombiano por nacimiento o se trate de una persona que haya renunciado a la nacionalidad colombiana[8]. En el caso de las parejas casadas o con Unión Marital de Hecho (unión libre), se puede solicitar inicialmente ante la Cancillerí­a (Ministerio de Relaciones exteriores) la visa TP-10[9] que tiene una duración de 3 años y permite que la persona extranjera trabaje. En el caso de la pareja extranjera, luego de haber sido titular de la visa TP-10 por 3 años, si es posible que solicite la visa de residente. Para mayor información sobre los requisitos de cada una de las visas, le sugerimos consultar la página web de la Cancillerí­a http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas

Una persona puede casarse a partir de los 14 años. En el caso de menores de edad es necesario que éstos cuenten con permiso de los padres para el matrimonio. El permiso lo deben otorgar ambos padres o madres por escrito. En caso de que uno exista contacto con uno de los padres por fallecimiento, privación de la patria potestad, esté fuera del paí­s o se desconozca el lugar donde reside, bastará con el permiso de uno de ellos. En caso de que no se cuente con ninguno de los dos padres o madres, el permiso lo dará la persona que ejerza la representación legal o quien sea designado por el juez para este fin (curador especial).

Si, la obligación de alimentos también existe entre parejas del mismo sexo y por lo tanto las acciones para exigir su cumplimiento como la denuncia penal por inasistencia alimentaria y la fijación de una cuota de alimentos son aplicables en las parejas del mismo sexo. Nota: Entre pareja (cuando existe matrimonio o Unión Marital de Hecho) se pueden pedir alimentos cuando uno de las personas que la conforman no tiene lo suficiente para su subsistencia y su pareja teniendo no le aporta con independencia de que estén unidos o en proceso de separación.

  1. ¿Qué debo hacer para demandar a mi pareja por alimentos?

La primera acción que se debe realizar es intentar una conciliación para fijar una cuota de alimentos con su pareja, luego de esto si no es posible la conciliación puede entablar una demanda de alimentos contra su pareja. Adicionalmente, si ya ha fijado una cuota de alimentos y su pareja o expareja la incumple pudiendo pagar los alimentos, usted puede iniciar un proceso ejecutivo de alimentos y denunciarle penalmente por inasistencia alimentaria.

  1. Si tenemos un hijo(a) que no fue concebido(a) por mi pareja y yo, pero él/ella decidió hacerse cargo, ¿Puedo demandarle por alimentos?

Si el hijo tiene a su pareja como padre o madre en el registro civil de nacimiento, usted puede, a nombre de su hijo, solicitar la fijación y pago de una cuota de alimentos.

  1. Si mis papás son divorciados y uno de los dos debe darme una cuota alimentaria al mes, pero se niega porque soy una persona LGBT, ¿Qué puedo hacer?

En ese caso usted puede iniciar un proceso ejecutivo de alimentos para que la persona que está obligada a pagar la cuota de alimentos cumpla con su obligación a través del embargo de sus ingresos o de sus bienes. Su orientación sexual o identidad de género no excusa a ninguno de sus padres del cumplimiento de sus obligaciones como tales.

En caso de que necesite más información, que no encuentre respuesta a la situación que está viviendo o que haya realizado algunos de estos trámites, le agradecemos que nos escriba un correo a consultasjuridicas@colombiadiversa.org

Es un pago mensual que reciben las personas trabajadoras, dependientes o independientes, en el momento de su retiro laboral de acuerdo con los aportes que realizaron en el transcurso de su vida laboral a un fondo de Pensión Obligatoria.

Si, en Colombia la Corte Constitucional ha reconocido que en el caso de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, cuando una de estas fallece, quien sobrevive tiene derecho a reclamar la pensión a la que tení­a derecho quien falleció o los aportes que ésta habí­a realizado en caso de que no hubiese alcanzado a cumplir con los requisitos para la pensión.

Los requisitos para acceder a la pensión de la pareja que fallece son los mismos que aplican para las parejas heterosexuales:

  • Copia del registro civil de defunción de quien falleció.
  • Registro civil de nacimiento del solicitante o copia del acta de bautizo si nació antes de 1938.
  • Copia del documento de identidad de quien solicita pensión aumentada al 150%.
  • Copia del registro civil de matrimonio o de la declaración de la Unión Marital de Hecho. En caso de no haber declarado su unión pueden presentarse declaración extrajudicial del interesado/a y de terceros en la que se manifieste haber conocido de la convivencia de la pareja, indicando claramente los extremos de convivencia (desde – hasta) entre el causante y el cónyuge o compañero(a).

Nota: Para recibir la pensión de manera vitalicia es necesario demostrar que se convivió con la pareja durante los últimos 5 años y que se es mayor de 30 años. Adicionalmente, en caso de que su pareja no se hubiese pensionado antes de su fallecimiento, es necesario verificar el régimen pensional que le aplicaba para verificar si cumplí­a o no con los requisitos para pensión.

En este caso usted puede apelar la resolución por la que el fondo de pensiones niega su calidad de beneficiario/a de la pensión de sobrevivientes. En este caso es aconsejable consultar con un profesional del derecho de la manera más rápida para elaborar la apelación. Tenga en cuenta que después de que usted conoce la negativa cuenta con 10 dí­as para presentar la apelación. En caso de que ya haya transcurrido el tiempo para la apelación de la decisión del fondo de empleados existe la posibilidad de acudir a la ví­a judicial, para lo que es necesario contar con la replantación de un abogado o abogada.

Si.  La convivencia en Unión Marital de Hecho– UMH puede probarse haciendo uso de todos los medios de prueba que disponga, por ejemplo, a través de declaraciones extrajudiciales de terceras personas testigos de su relación, de fotos, de su afiliación como beneficiario/a en los servicios de salud, que hayan tenido hijos en común, entre otros.

Un requisito para recibir la pensión de quien falleció es haber convivido con la persona los últimos 5 años, por lo que sólo si se cumplen con los 5 años de convivencia antes del fallecimiento usted podrí­a tener derecho a la pensión. Adicionalmente, si su pareja al momento del fallecimiento aún tiene vigente el ví­nculo del matrimonio, ambas personas (cónyuge y compañero/a permanente) pueden tener derecho a la pensión, siempre y cuando se encuentren en una de las siguientes situaciones:

  • Convivencia simultánea del causante con su cónyuge y una –o más- compañeras permanentes, caso en el cual la pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido;
  • Convivencia simultánea del fallecido con dos o más compañeras permanentes que se asimila a la situación anterior, por lo que la pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el causante;
  • Convivencia únicamente con compañero (a) permanente, pero ví­nculo conyugal vigente evento en el cual la pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido siempre que el cónyuge haya vivido durante cinco años o más con el causante en cualquier tiempo[1].

[1] Corte Constitucional T-002 de 2015, T-090 de 2016, entre otras.

En caso de que necesite más información, que no encuentre respuesta a la situación que está viviendo o que haya realizado algunos de estos trámites, le agradecemos que se ponga en contacto con nosotros al correo consultasjuridicas@colombiadiversa.org.

Si. El código civil en el artí­culo 213, señala que: El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad. Por lo que los hijos concebidos por parejas del mismo sexo dentro de su unión marital de hecho o matrimonio deben presumirse como hijos de la pareja y por lo tanto procederse a la inscripción de los dos padres o dos madres en el registro civil de nacimiento.

Se trata de dos situaciones diferentes. En la inscripción en el registro civil de nacimiento de la doble filiación materna o paterna se trata de un hijo/a concebida al interior de una familia conformada por una pareja del mismo sexo. Es decir que el embarazo fue producto de una decisión conjunta de la pareja. La adopción, por su parte, aplica en el caso de un hijo que ha sido producto de una relación anterior, en cuyo caso para que la pareja actual pueda establecer un ví­nculo con el niño/a se debe acudir ante ICBF para realizar el trámite de adopción conjunta, de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-071 de 2015. Es decir que, la inscripción en el registro civil de nacimiento de amabas madres, sólo aplica a aquellos hijos concebidos en el seno de una pareja que conjuntamente tomó la decisión de tener ese hijo, ya que de otra manera no es posible aplicar la presunción de filiación.

No, la presunción se aplica a todos los hijos de parejas del mismo sexo hayan sido o no registrados. El único requisito es que el niño o niña haya sido concebido dentro de la unión marital de hecho o matrimonio por una decisión conjunta de la pareja.
Para inscribir a la madreo padre que no aparecen en el registro civil de nacimiento de su hijo, usted puede acudir a cualquier Notarí­a o Registradurí­a del Paí­s o en el exterior al consulado colombiano. Si el niño/a ya ha sido registrado/a no es necesario que el trámite se realice en la misma notarí­a o Registradurí­a en la que se realizó el registro inicialmente. La ley 1395 de 2010 estableció que todos los actos, hechos y providencias que deban inscribirse en el registro civil o que afecten el mismo, podrán inscribirse en cualquier oficina autorizada para cumplir con la función de registro civil del territorio nacional o en los consulados de Colombia en el exterior. No obstante, nuestra recomendación es acudir a las Registradurí­a, ya que hemos observado que en éstas se presentan menos dificultades para acceder a la inscripción de las dos madres o padres. Nota: Le invitamos a que cuando acuda a realizar este trámite, nos comparta la autoridad a la que acudió y cómo fue su experiencia al correo familia@colombiadiversa.org. Esto con el fin de conocer la forma en que se están aplicando las ordenes de la Corte Constitucional.

Los requisitos para realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento de la segunda filiación materna o paterna en el caso de hijos de parejas del mismo sexo se requiere: Si no ha sido realizado el registrado civil de nacimiento se debe acudir a con: – el niño/a – Certificado de nacido vivo o declaración de 2 testigos del nacimiento. – Copia de sus documentos de identidad, indicando bajo la gravedad del juramento que el niño/a nació dentro de su unión marital de hecho o matrimonio. Si ya cuenta con un registro civil de nacimiento en el que sólo aparece un padre o una madre: – Indicación del número de registro civil de nacimiento del niño/a. – Copia de sus documentos de identidad, indicando bajo la gravedad del juramento que el niño/a nació dentro de su unión marital de hecho o matrimonio.

NO. Los únicos documentos que pueden solicitar son los señalados anteriormente y no pueden aducir como justificación de requisitos adicionales la necesidad de tener mayor certeza. Cualquier diferenciación en el trámite o requisitos, de conformidad con la Corte Constitucional, un trámite de registro se debe realizarse de manera sencilla; lo contrario conlleva afectar el interés superior del niño, su derecho a la nacionalidad, la personalidad, y a tener una familia.

Los apellidos quedaran de acuerdo con el orden que elija la pareja de madres o padres. De acuerdo con la Circular 024 de 2016 de la Registradurí­a Nacional del Estado Civil el funcionario/a encargado del Registro Civil debe preguntarle a las madres o padres el orden en que prefieren sean registrados los apellidos.

Si. En este caso el registro civil de nacimiento en Colombia será expedido de conformidad con el registro civil de nacimiento extranjero. En este caso es necesario presentar el registro civil expedido en el paí­s de nacimiento apostillado o legalizado y, traducido, en caso de ser expedido en un idioma diferente del español y la copia de los documentos de identificación de las madres o padres.

No. Pero lo recomendable en el caso de bebés es proceder a su registro civil de nacimiento dentro del mes siguiente a su nacimiento para que no vayan a tener dificultades con la atención en el sistema de salud. En el caso de niños ya registrados con una sola madre o padre, no existe lí­mite de tiempo para realizar la inscripción en el registro civil de la otra madre o padre.

Puede presentar una queja ante la Registradurí­a Nacional del Estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro, así­ como ante las Defensorí­as Delegadas para Asuntos Constitucionales y Legales y para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor de la Defensorí­a del Pueblo; entidades a las que la Corte Constitucional invitó a hacer seguimiento al cumplimiento de la SU-696 de 2015. Adicionalmente, pueden comunicarse con nosotros al correo familia@colombiadiversa.org.

La sociedad conyugal es el término con el que se refiere la ley a los bienes y a las deudas que una pareja ha adquirido o aportado al matrimonio y que en caso de separación se repartirí­an entre las o los cónyuges.

La sociedad patrimonial es el término con el que se refiere la ley a los bienes y a las deudas que una pareja ha adquirido o aportado a la Unión Marital de Hecho (UMH) y que en caso de separación se repartirí­an entre los o las compañeras permanentes.

Es el trámite a través del cual se reparte a cada persona los bienes y deudas que le corresponden de la sociedad conyugal (matrimonio) o patrimonial (UMH).

La sociedad conyugal es la que se forma por el matrimonio y la sociedad patrimonial es la que se crea en una Unión Marital de Hecho.

No. Tanto en el caso de la Unión Marital de Hecho (UMH) como en el matrimonio es posible establecer que no va a existir sociedad de bienes (capitulaciones) o después del matrimonio o la UMH realizar la separación de bienes sin que eso afecte la vigencia del ví­nculo (matrimonio o UMH) entra la pareja.

No. El salario y los ingresos de los miembros de la pareja  en Unión Marital de Hecho (UMH) o Matrimonio hacen parte de la sociedad de bienes; sociedad en la que las dos personas participan en igual proporción en relación con los bienes y deudas. Es decir, que así­ sólo una persona haya aportado económicamente al sostenimiento de la pareja, haya tenido una vinculación laboral mientras la otra se dedicaba a labores del hogar sin un ingreso fijo o haya tenido un ingreso inferior, al momento de separarse ambas personas tiene derecho a la mitad de todo lo que hayan adquirido durante su matrimonio o UMH.

La liquidación de la sociedad patrimonial (UMH[2]) o liquidación de la sociedad conyugal (matrimonio) de mutuo acuerdo se puede realizar ante Notarí­a o Juzgado de Familia. Si no fue posible lograr un acuerdo, la única opción es ante un Juzgado de Familia,  aduciendo alguna de las causales del divorcio. Ver pregunta 8 del tí­tulo separación. Tenga presente: la disolución[3] y liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial son trámites que pueden hacerse antes, después, simultáneamente o de manera independiente al divorcio o cesación de efectos civiles de la Unión Marital de Hecho.

En el caso de la existencia de hijos o hijas menores de edad o mayores que dependan económicamente (por estar estudiando y ser menores de 25 años, o personas con discapacidad que no pueden sostenerse solas), es necesario que junto a la liquidación se defina la forma en la que serán asumidas las obligaciones respecto al cuidado, los alimentos y las visitas. Nota: Los hijos e hijas no tienen derecho sobre los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial.

Hablar de beneficios es complejo, ya que dependerán de la finalidad que persiga cada pareja o persona al momento de pensar en este trámite. No obstante, se puede decir que el principal efecto que tiene la liquidación de la sociedad de bienes es que parte de  ellos y las  deudas deben ser asumidas por  cada uno de los miembros de la pareja, y que desde el momento de la liquidación en adelante los bienes que adquiera cada persona serán de ella exclusivamente, sin importar la continuidad o no del ví­nculo (matrimonio o UMH).

En los casos que la liquidación sea de mutuo acuerdo, no es necesaria la participación de un abogado o abogada. Sin embargo,  si la liquidación es litigiosa (o en conflicto), sí es necesario contar con la representación de un abogado o abogada. Nota: Aun cuando en la  liquidación de mutuo acuerdo no es necesario contar con un abogado o abogada, les  sugerimos tener la asesorí­a de un profesional para verificar que sus derechos sean garantizados y que el documento que firmen esté de acuerdo con el marco legal.

Es el trámite que se realiza para repartir los bienes que ha dejado una persona al fallecer entre las personas que la ley ha establecido como herederos/as o los que la persona ha designado como beneficiarios/as en su testamento.

Sí. Como cualquier pareja unida por matrimonio o UMH, la persona sobreviviente puede participar en la sucesión de su cónyuge, compañera o compañero permanente. La calidad de heredero o heredera dependerá de si quien falleció realizó un testamento y la existencia o no de herederos forzosos (hijos, hijas, madres o padres). Así­ mismo, el porcentaje que pueda corresponderle en los bienes de la sucesión variará según los herederos que existan en el testamento. La posibilidad de heredar de los compañeros o compañeras permanentes sólo fue reconocida hasta el año 2012 por la corte Constitucional en sentencia C-238 de 2012. Nota: la sucesión no afecta el derecho al 50% que se tiene en los bienes y deudas que conformen la sociedad conyugal (matrimonio) o patrimonial (UMH). Antes de definir los bienes que hacen parte de la sucesión se debe liquidar la sociedad de bienes y sólo el 50% correspondiente a quien falleció ingresará a la sucesión. Tenga presente: En el caso de compañeros permanentes,  es necesario que la Unión Marital de Hecho (UMH) haya sido declarada para poder participar en la sucesión.Si no ha sido así­, el compañero o compañera sobreviviente tiene un año desde el fallecimiento de la pareja para iniciar las acciones de declaración de la UMH y de liquidación de la sociedad patrimonial[1]. En caso de que ya haya transcurrido el año desde el fallecimiento de la pareja, el compañero o compañera sobreviviente ya no podrá reclamar su derecho al 50% de la sociedad patrimonial, pero si podrá participar en la sucesión en calidad de heredero o como compañero sobreviviente[2].
La sucesión se puede realizar por mutuo acuerdo entre todas y todos los herederos ante Notarí­a o Juzgado de Familia. En el caso de que no sea posible un acuerdo entre las y los herederos, la única ví­a es la judicial (Juez de Familia). Nota: En todos los casos, sea de mutuo acuerdo o no, se requiere contar con la representación de una o un abogado/a.

Usted puede intervenir en la sucesión que estén o vayan a realizar los familiares. En este caso es necesario que cuente con la asesorí­a de un profesional en derecho que trabaje en el área de familia, para conocer mejor las posibilidades jurí­dicas que existirí­an en su caso.

Sí,pero no es posible establecer o aproximar en abstracto un valor porque esto depende del avalúo de los bienes, del tipo ( mutuo acuerdo o no) y del valor de los honorarios pactados con el abogado/a.

Para adelantar la sucesión no existe un tiempo lí­mite establecido por la Ley. No obstante, se sugiere realizarla lo más pronto posible para evitar dificultades en relación con la administración de los bienes y que alguno de las/os herederas/os se apropie de los bienes. Nota: En el caso de parejas en Unión Marital de Hecho (UMH), se debe iniciar el proceso de declaración de la UMH y/o liquidación de la sociedad patrimonial en el año siguiente al fallecimiento de la pareja. Si bien no existe lí­mite para iniciar la sucesión, en el caso de la UMH si lo hay para reclamar el derecho al 50% de la sociedad patrimonial[3].

Cuando existen hijos/as y la persona que falleció no elaboró un testamento, los hijos/as son las únicas personas que pueden heredar los bienes de la persona que falleció. Tenga presente: Los hijas/os no afectan el derecho del cónyuge, compañera/o permanente a heredar el 50% de la sociedad conyugal (matrimonio) o patrimonial (UMH). Por otra parte, en caso de que no existan bienes en la sociedad conyugal o patrimonial, es posible que la persona sobreviviente elija renunciar a sus derechos en la sociedad de bienes y solicitar en cambio la porción conyugal[4].

Las exparejas no tienen derecho a participar en la sucesión de quien ha fallecido, salvo que haya persistido algún tipo de ví­nculo; por ejemplo, que esté vigente un matrimonio, que la sociedad conyugal no haya sido disuelta o liquidada, o que hayan hijos o hijas en común y la persona pretenda participar en representación de éstos. En este caso, le sugerimos asesorarse por un/a  profesional del derecho que trabaje en el área de familia.

Para probar la calidad de cónyuge de quien ha fallecido debe presentarse el registro civil de matrimonio. Por su parte, para probar la calidad de compañero o compañera permanente debe haber sido declarada la existencia de la Unión Marital de Hecho y si no fue declarada en vida de ambos, deberá acudir, por intermedio de abogado/a, ante un Juez de Familia para declarar la Unión Marital de Hecho. Nota: Si desea más información sobre cómo declarar la Unión Marital de Hecho, por favor consulte la sección que habla sobre ésta.

El testamento es un documento elevado a escritura pública a través del cual una persona dispone en vida  la forma en la que quiere que sus bienes sean repartidos al momento de su fallecimiento. El testamento debe cumplir con ciertas formalidades y en caso de la existencia de herederos forzosos (hijos, hijas, padres o madres), deberá  ajustarse a los parámetros legales establecidos. Por lo que se sugiere contar con la asesorí­a de un abogado/a que trabaje en el área de familia.

La Unión Marital de Hecho es la misma unión libre, conformada por dos personas que sin estar casadas entre sí­ y sin formalismos legales, crean una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de cuidarse, protegerse, mutuamente. El nombre de unión marital de hecho se debe a la denominación dada por la ley[1] que establece que su declaración formal se realiza a través de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial.

Es una figura que reconoce la existencia de ví­nculos familiares a partir de la convivencia de una pareja sin necesidad de acudir a ningún contrato o convenio formal; ya que la unión existe desde el momento en que se da inicio a la convivencia no desde el momento de su declaración formal. La declaración de la existencia de la UMH ya sea a través de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial adicionalmente, permite a las parejas que viven en unión libre acceder a mecanismos de protección legal como: el patrimonio de familia, la afectación a vivienda familiar, tener la calidad de heredero/a o recibir la porción conyugal en caso de fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja, reclamar alimentos, el reconocimiento del derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante la convivencia, la posibilidad de solicitar visa colombiana en calidad de compañero o compañera permanente, entre otros. Nota: Para incluir como beneficiario o beneficiaria a la pareja en salud o pensión no es necesaria la declaración de la UMH sino que basta con la presentación de una declaración extrajudicial sobre la existencia de la convivencia. Para reclamar la pensión de sobrevivientes tampoco es necesaria la declaración de la UMH, ya que la convivencia se puede probar a través de la declaración de testigos.

El matrimonio y la UMH son las dos figuras existentes en la ley colombiana a través de las cuales se reconoce el carácter de familia a una pareja que de otra manera no tendrí­a ví­nculos entre sí­. El matrimonio se conforma a partir de la celebración de un contrato por el que dos personas acuerdan unir sus vidas, y mientras que la UMH se construye a partir de la convivencia y de la voluntad de tener una comunidad de vida expresada en la vida cotidiana.

Diferencias
Matrimonio Unión Marital de Hecho (UMH)
Inicia A partir de la firma del contrato de matrimonio. Desde el primer dí­a de convivencia.
Ante quien se realiza Juzgado Civil Municipal, Notarí­a, o autoridad religiosa. Es decir que este puede ser civil o religioso. Notarí­a, Centro de Conciliación o Juzgado de Familia del Circuito. Sólo puede ser civil.
Nombre que reciben sus integrantes Cónyuges, esposos o esposas. Compañeros o compañeras permanentes.
Medios de prueba Con el registro civil de matrimonio Por ví­a judicial probando la convivencia, con la declaración de la UMH.   En caso de salud y pensiones se puede probar con testimonios, o declaraciones extrajudiciales.
Efectos patrimoniales Desde el momento de la celebración del matrimonio. Se presumen luego de 2 años de convivencia.
Reconocimiento internacional En general, el matrimonio es reconocido en el exterior. Su reconocimiento se limita a Colombia y su reconocimiento en el extranjero depende de que sea parecido a alguna figura de la legislación de ese paí­s.
Prevalencia El matrimonio prevalece sobre la UMH y en caso de existir una unión previa con el matrimonio ésta se da por terminada. Aunque la UMH no puede existir simultáneamente con el matrimonio. No puede existir la sociedad patrimonial entre los compañeros o compañeras permanentes, si no se ha liquidado la sociedad conyugal.
Acciones judiciales Las acciones de divorcio o separación de bienes (liquidación de la sociedad conyugal) Se pueden iniciar en cualquier tiempo, así­ la pareja ya no conviva junta. Existe el término de 1 año contado a partir de la separación fí­sica y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros, para adelantar las acciones para reclamar la separación de bienes (liquidación de sociedad patrimonial).
En relación con la protección en relación con la calidad de beneficiarios de salud, pensión, la posibilidad de heredar u optar por la porción conyugal, cónyuges, compañeros o compañeras permanentes gozan de igual protección legal.
A ambas figuras pueden acceder las parejas del mismo sexo, si ninguna limitación o condicionamiento.
Si, lo primero serí­a solicitar la visa TP-10 a partir de la declaración de la UMH, para luego de 3 años con dicha visa solicitar la residencia. Para mayor información sobre los requisitos de cada una de las visas, le sugerimos consultar la página web de la Cancillerí­a http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas

Para declarar la existencia de la Unión Marital de Hecho se necesita en primer lugar ser colombiano o extranjero con residencia en el paí­s y adicionalmente presentar ante una Notarí­a o Centro de Conciliación[2]:

  • Una solicitud de declaración de UMH en la que se señale:
  • El nombre completo de las personas que conforman la pareja
  • Los documentos de identidad de la pareja
  • El lugar de nacimiento
  • Edad
  • Ocupación
  • Domicilio o lugar de residencia de la pareja
  • Indicar si tienen hijos mayores o menores de edad
  • Afirmar que no tienen impedimento legal para declarar la UMH
  • Que es su libre y espontánea voluntad hacerlo

 

  • Copia auténtica del registro civil de nacimiento de los miembros de la pareja con vigencia no mayor a 3 meses, con nota de válido para matrimonio o como prueba de registro civil.

Si una persona o las dos son extranjeras, el registro civil debe ser apostillado  o legalizado[3], y adicionalmente, es necesaria una certificación de solterí­a emitida por la autoridad que cada paí­s señale. Si estos documentos están en un idioma diferente del español, deben ser traducidos y no pueden tener vigencia mayor de 3 meses[4]. Tenga presente que todos los documentos emitidos en el exterior para que sean válidos en Colombia deben ser apostillados o legalizados en el paí­s que se expiden.

  • Fotocopia de la cédula de ciudadaní­a y/o documento de identificación (pasaporte en caso de extranjeros).

 

  • En el caso de la existencia de hijos debe aportar el registro civil de nacimiento de éstos y si son menores de edad, es necesario previamente realizar un inventario solemne de bienes.

El inventario de bienes es un trámite sencillo que se puede realizar ante la Notarí­a que se va a realizar el matrimonio o a través de un Juzgado. Consiste en nombrar un abogado para que represente los intereses de los menores y firme a nombre de éstos la escritura pública de inventario de bienes o declaración de inexistencia. Debe hacerse siempre que existan menores de edad así­ tengan o no bienes a nombre de los niño o niñas y antes de la declaración de la UMH. La declaración de la UMH es un acto que pueden hacer directamente las parejas, no es necesario de un abogado o abogado para que les represente. Nota: el documento que se expide en la notarí­a o centro de conciliación luego de declarar la UMH es: en el caso de la Notarí­a una escritura pública (no es una declaración extrajudicial), en el caso del centro de conciliación es un acta de conciliación. Cualquiera de estos documentos debe estar firmado por la pareja conjuntamente.

La Unión Marital de Hecho así­ como se establece por la convivencia se disuelve principalmente por la separación de la pareja. Las causales que la ley ha establecido para su disolución son:

  • mutuo acuerdo entre la pareja expresado en una escritura pública
  • la muerte de uno o de ambos compañeros
  • el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial
  • sentencia judicial

Tenga en cuenta: si usted no ha declarado previamente la UMH, debe realizarse primero la declaración de ésta y luego si su disolución. Lo que puede hacerse en un miso documento, no es necesario hacer uno separado del otro, por ejemplo: en un caso de una pareja que haya convivido por más de 8 años sin haber declarado la UMH pero actualmente se están separando de mutuo acuerdo, pueden en la escritura pública de separación declarar la existencia de la UMH y luego en la misma escritura establecer su disolución así­ como liquidar la sociedad de bienes (sociedad patrimonial). Adicionalmente, RECUERDE que después de la separación fí­sica y definitiva de la pareja de compañeros o compañeras permanentes, el matrimonio con terceros o la muerte de uno o de ambos compañeros sólo tiene 1 año para iniciar las acciones para reclamar la separación de bienes. NOTA: El trámite legal para dar por terminada la UMH recibe el nombre de Cesación de Efectos Civiles de la Unión marital de Hecho y puede realizarse ví­a notarial o judicial, cuando la pareja no esté de acuerdo.

Las condiciones que se deben probar para que se considere que existe la Unión Marital de Hecho son que:

  • sea entre una pareja de personas: dos hombres, dos mujeres, un hombre trans y una mujer, una mujer trans y un hombre, dos personas trans, un hombre y una mujer.
  • los miembros de la pareja no estén casados.
  • se hubiese formado entre la pareja una comunidad de vida permanente y singular (se limita a 2 personas).
  • la existencia de una relación afectiva y económica.

Tenga presente: NO es requisito de la UMH la NOTORIEDAD de la relación afectiva. Es decir, que no puede negarse la existencia de la UMH porque los vecinos, familiares o amigos conocieran que se trataba de una pareja.

La existencia de la UMH se puede probar a través de los medios que disponga cada persona, por ejemplo, testimonios, documentos, fotos, etc. En caso de que se hay declarado la UMH las pruebas serán la escritura de declaración de la UMH, el acta de conciliación o la sentencia judicial. Adicionalmente, en el caso de solicitud de la pensión de sobrevivientes, la calidad de compañero o compañera permanente se puede demostrar a través de declaraciones extrajudiciales. [1] Ley 54 de 1990 modificada por la Ley 979 de 2005 [2] Cuando se acude ante Juez Civil Municipal, en el caso de municipios con más de un juez la solicitud no se presenta directamente al juzgado sino ante la oficina de reparto para que asigne aleatoriamente al Juez que va a atender la solicitud. [3] Es el procedimiento a través del cual se certificar la firma del funcionario público para que el documento sea válido en otro paí­s que no hace parte del Convenio de la Apostilla. [4] La ley 962 de 2005

En caso de que necesite más información, que no encuentre respuesta a la situación que está viviendo o que haya realizado algunos de estos trámites, le agradecemos que escriba un correo a consultasjuridicas@colombiadiversa.org

La violencia intrafamiliar es todo patrón de poder y control permanente establecido a través de una gran variedad de conductas abusivas dentro del hogar o fuera de el por cualquier miembro de la pareja o familia. Los actos violentos dentro de una relación de pareja tienden a empeorar si no se abordan a tiempo. Perdonar no es suficiente, es necesario una fuerte y verdadera voluntad de cambio para que no se repitan.

La violencia intrafamiliar se comete a través de actos como los siguientes, cuando estos son realizados por y contra un miembro de la familia o pareja:

  1. El uso de violencia fí­sica como golpes, cachetadas, empujones y en general cualquier acción que implique una lesión al cuerpo.
  2. La penetración del cuerpo con cualquier objeto, tocamientos sexuales no voluntarios (violencia sexual)
  3. El maltrato verbal, las humillaciones, el desprecio que ocasionan un impacto negativo en el auto reconocimiento (violencia psicológica)
  4. Las amenazas de causar algunas de las violencias anteriores a algún miembro de la familia o de la pareja.
  5. El abuso económico
  6. Amenazar con revelar la orientación sexual a la familia, amigos o demás personas en contra de la voluntad del miembro de la familia de quien es la información.
  7. Las acciones u omisiones que buscan crear sentimientos de inferioridad y culpa
  8. Usar a los hijos para manipular o forzar a una persona para que cumpla los deseos de otra.

En caso de que usted haya sido o esté siendo ví­ctima de violencia intrafamiliar le recomendamos:

  1. Acudir a la comisarí­a de familia de la localidad o municipio en el que viva y solicitar una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.

Tenga presente: la solicitud de la medida de protección debe presentarse antes de que hayan transcurrido más de 30 dí­as después de la agresión.

  1. Denunciar ante la fiscalí­a los hechos de violencia cometidos por su pareja o por un miembro de su familia en su contra. En este caso no importa que hayan pasado más de 30 dí­as desde la agresión, la denuncia penal puede presentarse aún después de que han transcurrido varios años, lo único es que entre más tiempo deje pasar más difí­cil será demostrar la comisión del delito en su contra.

Importante: La violencia intrafamiliar es un delito considerado por nuestra legislación como especialmente grave, por lo que una vez presentada la denuncia, usted lo quiera o no, la Fiscalí­a tiene la obligación de continuar con la investigación y el proceso penal.

De acuerdo con el artí­culo 17 de la Ley 1257 de 2008 que modificó el artí­culo 5 de la Ley 294 de 1996, las medidas de protección que puede fijar el comisario o comisaria de familia, según el caso, son:

  1. a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la ví­ctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad fí­sica o la salud de cualquiera de los miembros de la familia;
  2. b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la ví­ctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimidé, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la ví­ctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada.
  3. c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;
  4. d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios a costa del agresor.
  5. e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesorí­a jurí­dica, médica, psicológica y psí­quica que requiera la ví­ctima;
  6. f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la ví­ctima por parte de las autoridades de policí­a, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere;
  7. g) Ordenar a la autoridad de policí­a, previa solicitud de la ví­ctima el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad;
  8. h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
  9. i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;
  10. j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
  11. k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla

1) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial;

  1. m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la ví­ctima;
  2. n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

 

La respuesta es la Visa M (antes del 2 de agosto de 2017 era la visa TP-10), que se le otorga al extranjero que desee permanecer en el territorio nacional con la intención de establecerse. Entre las condiciones que se encuentran para aplicar a esta visa se encuentra que se trate del cónyuge o compañero(a) permanente de nacional colombiano[1]. En el presente caso la vigencia de la visa será de tres (3) años. El titular de la visa M quedara autorizado a ejercer cualquier ocupación legal en el paí­s, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral[2]

Los generales para cualquier tipo de visa colombiana. De acuerdo con la Resolución 6045 de 2017, los requisitos son: “1. Diligenciar formulario de solicitud de visa de forma electrónica

  1. Presentar pasaporte, documento de viaje o Laissez Passer que siendo expedido por Autoridad, Organización Internacional o Estado reconocido por el Gobierno de Colombia, se encuentre vigente, en buen estado y con espacio libre para visados.
  2. Aportar copia de la página principal del pasaporte, documento de viaje o Laissez Passer vigente donde aparecen registrados los datos personales o biográficos del titular.
  3. Los extranjeros que soliciten visa encontrándose en el territorio nacional o en territorio de un Estado distinto al de su nacionalidad, deberán aportar copia del documento que de conformidad con las normas migratorias del paí­s en el que se halle acredite estancia legal, regular o autorizada.”

De igual forma se deben anexar los documentos que acrediten los requisitos especí­ficos para cada tipo de visa.

La Resolución 6045 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores en su Artí­culo 43 en relación con la visa marital (de cónyuge o compañero/a permanente), establece lo siguiente: “1. Copia auténtica del Registro Civil de Matrimonio colombiano, o de la Escritura Pública, Providencia Judicial, o Acta de Conciliación en donde se declara la existencia de la Unión Marital de Hecho.

  1. Carta de solicitud de visa suscrita por el cónyuge o compañero permanente colombiano acompañada de copia sencilla de la cédula de ciudadaní­a y poder especial otorgado por éste al extranjero para solicitar dicha visa.

PARÁGRAFO: Cuando la solicitud de visa en calidad de compañero(a) permanente de nacional colombiano(a) se presente ante una Oficina Consular de la República, se aceptará el documento válido que compruebe la unión marital de hecho de acuerdo con las leyes del lugar de solicitud.” NOTA: 1. Todos los documentos requisitos diferentes a documentos de identidad o de viaje, deberán tener una fecha de expedición no mayor a tres meses antes del registro de la solicitud. 2. Todos los documentos provenientes del exterior deberán contar con apostilla o legalización y traducción oficial al castellano cuando no se encuentre en este idioma. La traducción oficial debe estar legalizada o apostillada según el caso. http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos

La visa M tiene un valor de USD $282. El solo estudio tiene un valor de USD $52.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la Cancillerí­a no puede desconocer los derechos a constituir y proteger a una familia, que tiene un ciudadano colombiano, incluso si existe una facultad discrecional para admitir o denegar visas. Sentencia T-959 de 2000.

La regla jurisprudencial es que la tutela es un mecanismo que solo es utilizable cuando se esté causando un perjuicio irremediable. De lo contrario, para controvertir decisiones de este tipo, es necesario acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si requiere más información por favor escribir a familia@colombiadiversa.org Para mayor información sobre el trámite, requisitos y solicitud de visa puede consultar la página de la Cancillerí­a: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa [1] Resolución 6045 de 2017 Art.17.1 [2] Resolución 6045 de 2017 Art.20.1

En caso de que necesite más información, que no encuentre respuesta a la situación que está viviendo o que haya realizado algunos de estos trámites, le agradecemos que escriba un correo a consultasjuridicas@colombiadiversa.org

Otros derechos

Si. Desde el 2015 las personas trans pueden cambiar el sexo que aparece en sus documentos. El Decreto 1227 de 2015 estableció la forma en que las personas pueden “corregir el componente sexo en el registro civil de nacimiento”

El Decreto 1227 de 2015 señala que se debe realizar por escritura pública ante una Notarí­a y aportar los siguientes documentos:

  1. Solicitud escrita dirigida al Notario o Notaria ante la cual se quiere hacer el trámite con el nombre y número de cédula de la persona que lo solicite.

 

  1. Copia simple del Registro Civil de Nacimiento.

 

  1. Copia simple de la cédula de ciudadaní­a.

 

  1. Declaración realizada bajo la gravedad de juramento. En esta declaración, la persona deberá indicar su voluntad de realizar la corrección de la casilla del componente sexo en el Registro del Estado Civil de Nacimiento. En esta de declaración es necesario hacer referencia a la construcción sociocultural que tenga la persona de su identidad sexual.

No, los únicos requisitos que pueden solicitar en una Notarí­a son los señalados en el Decreto 1227 de 2015 y allí­ no está el ningún de diagnóstico o certificación médica. El decreto expresamente señala que no se podrá exigir ningún documento o prueba adicional a las señaladas en el artí­culo 2.2.6.12.4.5. Dcto.1227 de 2015 Si no me siento identificado/a con un sexo masculino o femenino ¿Pudo solicitar que quede mi sexo como indefinido, fluí­do o ambos? No, la regulación existente en este momento en Colombia sólo permite que la persona inscriba un sexo: femenino (F) o Masculino (M).

Si. En el caso de las cédulas anteriores a marzo de 2000 cuyo número está asociado el sexo asignado al nacer, la persona puede solicitar el cambio de cupo numérico para que le sea asignado un nuevo número de 10 dí­gitos (Número Único de Identificación Personal “ NUIP). Para mayor información se puede consultar el siguiente link https://www.registraduria.gov.co/Asignacion-de-un-nuevo-numero-de.html

No, luego de realizada la escritura pública y corregido el componente sexo en el registro civil de nacimiento de conformidad con la identidad de género autodeterminada, se debe tramitar ante la Registradurí­a del estado Civil el cambio de la cédula https://www.registraduria.gov.co/Rectificacion-de-la-Cedula-de.html Adicionalmente, debe acudir a cada institución en la que tenga documentos o tí­tulos con su identidad anterior para modificar la información de dichos documentos. Tenga en cuenta que tí­tulos académicos, licencia de conducción, escrituras públicas, tí­tulos valores, contratos, información ante las EPS y Administradora de Pensiones, bancos, entre otros elementos deberán ser actualizadas para evitar problemas. El recurso de Habeas Data puede ser útil para estos trámites.

El Decreto 1227 de 2015 permite que la persona corrija el componente sexo dos (2) veces y a también señala que la segunda vez no se podrá pedir dentro de los diez (10) años siguientes a la expedición de la escritura pública expedida por el notario en la cual se realiza la primera corrección.

Si. La Corte Constitucional a través de las sentencias T-498 de 2017, T-675 de 2017 y T-447 de 2019 estableció que las personas menores de edad podían realizar el cambio del componente sexo en su registro civil de nacimiento ante una Notaría.

De acuerdo con acuerdo con la instrucción administrativa No. 01 del 13 de enero de 20.20 de la Superintendencia de Notariado y Registro, para realizar el cambio de sexo siendo la persona menor de edad, se debe cumplir los siguientes requisitos:

  1. Reconocimiento del menor de edad como sujeto tutelar de derechos.
  2. Consideración de sus capacidades evolutivas.
  3. La superación del umbral sobre la comprensión del concepto de identidad de género (5 a 7 años).
  4. Copia simple del registro civil de nacimiento.
  5. Copia simple de la tarjeta de identidad (en aquellos casos en que el menor tenga cumplidos los 7 años)
  1. Declaración del menor de edad en la que manifieste que su decisión es libre, informada y cualificada. En particular, según lo dispuesto por el órgano constitucional, frente a la solicitud de cambio deberá establecerse que está desprovista de coacción, sea voluntaria y no impuesta por un tercero, y que se emita con base en el conocimiento previo y suficiente sobre las implicaciones de la medida.

Adicionalmente, el Notario/a deberá:

–       Verificar que la manifestación de la voluntad que haga la persona menor de edad en cada uno de los casos, se libre (sin coacción, fuerza o interferencia indebida), informada y con comprensión de sus implicaciones (alcance).

–       Y en ningún caso podrá exigir documentación o pruebas adicionales.

Nota: En el caso que la representación legal de la persona menor de edad esté a cargo de un tutor, un defensor o un comisario de familia, no se podrá adelantar el procedimiento ante Notaría sino que deberá ser ante Juez, a quien le corresponderá establecer la procedencia del trámite.

Aquí se puede consultar la instrucción en mención: https://xperta.legis.co/visor/temp_legcol_cde272b6-1ca1-4ade-924b-1232d8cf8042

No. El artí­culo 118 de la Ley 1395 de 2010 estableció que “Todos los actos, hechos y providencias que deban inscribirse en el registro civil o que afecten el mismo, podrán inscribirse en cualquier oficina autorizada para cumplir con la función de registro civil del territorio nacional o en los consulados de Colombia en el exterior”.

Si. En la misma escritura pública que se realiza el cambio de sexo se puede realizar el cambio de nombre.

El cambio de nombre comprende los nombres, así­ como los apellidos, según lo ha explicado la Corte Constitucional.

Paz y Conflicto

Reparación integral incluye las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación, indemnización y garantí­as de no repetición

Son las medidas tendientes a restablecer los derechos de las ví­ctimas, en la medida de lo posible, a la situación en que se encontraban con anterioridad a la ocurrencia de las violaciones. Entre éstas se encuentran: restitución de tierras, acciones de retorno o reubicación, restitución de vivienda, restitución de las capacidades para el trabajo, o restitución de créditos y pasivos.

Retorno es el proceso por el cual el Estado asegura a las ví­ctimas de desplazamiento forzado, sea individualmente o con su núcleo familiar, el regreso al sitio donde viví­an con anterioridad a los hechos para asentarse de manera definitiva allí­. En cambio, reubicación es el proceso mediante el cual se otorga a las ví­ctimas de desplazamiento forzado la posibilidad de asentarse en un lugar diferente del cual se desplazaron

Son las medidas de carácter simbólico que persiguen la generación de bienestar para las ví­ctimas y contribuir a la mitigación de su dolor, tales como el reconocimiento de la calidad de ví­ctima, los actos de perdón y reconocimiento de responsabilidades, las actividades de recuperación de la memoria histórica, los actos conmemorativos, el esclarecimiento de la verdad de los hechos o las acciones de la administración de justicia, entre otros.

Es la compensación económica por los daños sufridos por el acontecimiento del hecho victimizante. Además, si bien el dinero que reciben las ví­ctimas será destinado según como cada una lo decida, pueden voluntariamente recibir un acompañamiento estatal para la adecuada inversión de los recursos.

Depende del hecho victimizante sufrido y de cuántos hechos han sido cometidos contra cada ví­ctima hasta un máximo de 40 salarios mí­nimos.

Homicidio Hasta cuarenta (40) smlmv
Desaparición forzada Hasta cuarenta (40) smlmv
Secuestro Hasta cuarenta (40) smlmv
Lesiones que produzcan incapacidad permanente Hasta cuarenta (40) smlmv
Lesiones que no causen incapacidad permanente Hasta treinta (30) smlmv
Tortura o tratos inhumanos y degradantes Hasta treinta (30) smlmv
Delitos contra la libertad e integridad sexual Hasta treinta (30) smlmv
Reclutamiento ilí­cito de niños, niñas y adolescentes Hasta treinta (30) smlmv
Desplazamiento forzado Hasta veintisiete (27) smlmv

Como lo expone el artí­culo 135 de la Ley 1448 de 2011, la rehabilitación implica un “conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurí­dico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones fí­sicas y psicosociales de las ví­ctimas” tendientes a la reconstrucción de sus planes de vidas individuales, familares y comunitarios.

Son todas aquellas acciones que tienen por objeto evitar que sucedan nuevas victimizaciones, como por ejemplo, la pedagogí­a social en derechos humanos, las reformas de la normativa permisiva con la ocurrencia de hechos violatorios de derechos humanos, la investigación y sanción de funcionarios que hayan tenido relación con los hechos victimizantes, los programas de reconciliación o las medidas de seguridad, entre otras.

Sí­. La Ley 1448 de 2011, conocida como ley de ví­ctimas y de restitución de tierras, expresa en su artí­culo 3° que se consideran ví­ctimas las personas que hayan sufrido daños por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado a partir del 1° de enero de 1985, sin excepciones por orientación sexual o identidad de género diversa de las ví­ctimas. Al contrario, este artí­culo reconoce expresamente que se consideran ví­ctimas las parejas del mismo sexo. Así­ mismo, en su artí­culo 6° esta Ley define que todas las medidas que contempla están cobijadas por un criterio de igualdad, por lo que serán reconocidas a todas las personas ví­ctimas sin ninguna distinción, entre otras, por motivos de género u orientación sexual.

Depende. Para quienes hayan sido ví­ctimas de hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 1448 de 2011, es decir el 10 de junio de ese año, el termino para declarar ante el Ministerio Público y ser reconocidos en el Registro Único de Ví­ctimas venció el 10 de junio de 2015, debido a que el artí­culo 155 de la Ley 1448 de 2011 impuso un plazo de 4 años contados desde la promulgación de la ley. Sin embargo, la Ley previó que algunas ví­ctimas se encontrarí­an en situaciones de imposibilidad para realizar la declaración oportunamente, por lo que dejó abierta la posibilidad para que todas las personas puedan hacer declaraciones con posterioridad a los 4 años, si por fuerza mayor no pudieron hacerlo antes. A estas ví­ctimas se les contará el plazo a partir del momento en que cese la circunstancia que les impide presentar la declaración. En cambio, las ví­ctimas de hechos posteriores a la vigencia de la Ley tienen un plazo de 2 años contados a partir de la ocurrencia del hecho victimizante. Por consiguiente, pueden declarar las ví­ctimas de hechos que no hayan ocurrido con más de 2 años de anterioridad a la declaración.

El artí­culo 13 de la Ley 1448 de 2011 explica el enfoque diferencial en los procesos de reparación administrativa, reconociendo que algunas poblaciones, debido a sus caracterí­sticas particulares, tales como género u orientación sexual, requieren unas garantí­as y medidas de protección especiales que respondan al grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos sociales. Además, esta Ley impone al Estado la obligación de realizar esfuerzos con el fin de que las medias de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral contribuyan a la eliminación de la discriminación y la marginación que sirvieron de sustento de los hechos victimizantes contra estas poblaciones.

Salud LGTBIQ+

No, en ningún caso te puede ser denegado el servicio de salud por no tener vigente tu carné de afiliación o simplemente no tenerlo. La carnetización es una representación de la afiliación, pero no del derecho fundamental a la salud del que gozan todas las personas. (Sentencia T-676/12)

No, si no cuentas con los recursos para seguir cotizando, en ningún caso se te podrá interrumpir el tratamiento. De hacerlo cualquier entidad de salud, tú cuentas con el derecho a reclamar a través de la acción de amparo. (Sentencia T-230/09).

Aunque es deber del centro carcelario evitar la propagación del VIH/SIDA, la libertad de circulación de los internos que viven con VIH/SIDA no puede ser restringida con un confinamiento casi absoluto, pues con ello vulneran los derechos a la igualdad y dignidad de los reclusos (Sentencia T-577/05).

Sí­. Trasladar a aquellos internos que viven con VIH/SIDA a la ciudad donde cuenten con familiares que les ayuden a sobrellevar su enfermedad no solo es legí­timo sino imperioso, pues las personas que viven con esta enfermedad requieren el apoyo de su familia para mantener un bienestar emocional. (Sentencia T-376/13)

No, ser una persona que vive con VIH no es un argumento admisible para rechazar una solicitud de crédito, incluso si la entidad encargada de otorgar el crédito exige un seguro de vida en sus estatutos para autorizarlo, pues exigir tal seguro serí­a un acto tí­pico de discriminación, entonces, bajo ninguna circunstancia podrí­an negar un crédito por este motivo (Sentencia T-905/07).

Atendiendo a la especial vulnerabilidad de estas personas, el Estado tiene una obligación reforzada de garantizarles su derecho a la salud y a la vida digna. Por esto deben ser atendidos como beneficiarios del régimen subsidiado, sin que se pueda alegar su carencia de domicilio o identificación para no brindarles los tratamientos, medicamentos y condiciones necesarias para enfrentar su dolencia. (Sentencia T-057/11, T-323/11, T-436/03)

La fecha de estructuración del estado de invalidez corresponde a aquella en que una persona ve disminuidas sus destrezas fí­sicas y mentales, en tal grado, que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva. Esta pérdida de capacidad laboral se gradúa en porcentajes y debe ser declarada por una Junta de Calificación de Invalidez. (Sentencia T-551/13)

Si tienes una disminución de capacidad laboral de un 50% o más, puedes solicitar tu pensión. De ser negada podrás interponer una tutela para el reconocimiento de dicha prestación, la cual es un derecho fundamental por estar í­ntimamente relacionada con tu derecho a vivir dignamente, trabajar y gozar de salud e integridad plenas. (Sentencia T-509/10, T-036/11, T-478/11, T-627/13)

Para acceder a su pensión por invalidez la ley igualmente exige que haya cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración o a la fecha en que efectivamente haya dejado de trabajar y cotizar de manera permanente y definitiva. (Sentencia T-627/13, T-551/13, T-428/13, T-138/12, T-855/11, T-699A/07)

*PARA TENER EN CUENTA*

La ley vigente que regula el tema de pensión de invalidez es la 860 de 2003, que en su artí­culo 1º contiene el requisito de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años para acceder a este beneficio. Esta modificó lo dispuesto por la ley 100 de 1993, la cual consagraba solamente 26 semanas cotizadas al momento de producirse el estado de invalidez. Esto es relevante pues si usted ingresó al sistema de seguridad social antes de que se expidiera la nueva legislación y en ese tiempo cumplió a cabalidad con las semanas de cotización y el tiempo de permanencia consagrado en la ley anterior, le podrí­an aplicar las disposiciones contenidas en el régimen legal anterior, en razón al principio de favorabilidad, para concederle su pensión de invalidez. (Sentencia T-893/13, T-138/12 y T-062A/11)

Tratándose del virus del VIH- SIDA la pérdida de capacidad laboral no es inmediata sino progresiva, y en ese contexto, no es admisible que el Fondo de Pensiones no tenga en cuenta las cotizaciones que tú realizaste desde la estructuración de la invalidez hasta que efectivamente se presentó la disminución real de capacidad laboral. (Sentencia T-893/13, T-627/13)

El incumplimiento por parte del empleador de su deber de realizar los aportes al Fondo de Pensiones no debe afectar tu derecho a recibir la pensión por invalidez. Esto no constituye una razón válida para que sea negada y el Fondo de Pensiones continúa estando en la obligación legal de otorgártela si cumpliste con los requisitos. (Sentencia T-478/11, T-838/11)

Si tu pensión fue negada por tu Fondo de Pensiones y tú cumples con los requisitos anteriormente explicados, podrás interponer una acción de tutela pues resultarí­a desproporcionado exigirte que en tu situación acudas a la justicia ordinaria. (Sentencia T-710/09,T-885/11, T-262/12, T-138/12, T-027/13, T-142/13).

El derecho a la estabilidad laboral está en cabeza de todos los empleados (a), pero para el caso de las personas que viven con VIH se transforma en el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada gracias a que su titular es un sujeto de especial protección por su vulnerabilidad y tradicional discriminación o marginación. Y por tanto, puede ser defendido a través de la acción de tutela. (Sentencia T-519/03, T-992/07, T-238/08, T-295/08, T-703-09, T-490/10,  T-025/11, T-986/12).

En general, el empleador debe conocer de la enfermedad que tiene el empleado (a). Sin embargo, esto no aplica si tu vives con VIH pues no sólo es contrario a la dignidad humana informar sobre su enfermedad sino que también vulnera su derecho a la intimidad. De hecho, está prohibido exigir la prueba de VIH/SIDA para acceder o permanecer en una actividad laboral. (Artí­culo 35 del Decreto 1543 de 1997, Sentencia SU-256/96, T-826/99, T-1218/05, T-1219/05, T-992/07, T-295/08, T-898/10, T-447/13)

Como parte del derecho a la estabilidad reforzada, si has sufrido de una desvinculación laboral con la única justificación de que vives con VIH, mediante una acción de tutela puedes exigir el reintegro inmediato por parte de tu empleador. (Artí­culo 35 del Decreto 1543 de 1997, Sentencia T-519/03, T-1218/05, T-1219/05, T-992/07, T-238/08, T-273/09, T-490/10)

Depende, si el no pago de tu incapacidad te sitúa en una situación económica crí­tica, la tutela procederá. Recuerda que mereces especial protección, por ello, para que la tutela proceda sólo deberás afirmar que su situación económica es crí­tica, que no te han pagado la incapacidad y que ésta es tu única fuente de ingreso.  (Sentencia T-201/05, T-743/09).

Aún cuando el empleador haya pagado la cuota de cotización de manera tardí­a o incompleta la entidad deberá pagar la incapacidad laboral si no ha requerido al empleador para que haga el pago completo de la cotización. Sólo podrá negarse a pagar la incapacidad si habí­a solicitado el pago completo al empleador. (Sentencia T-602/07).

NINGÚN trabajador o trabajadora puede ser despedido por motivo del embarazo o lactancia y esta protección se extiende a su pareja en caso de que sea la única persona que tenga vinculación laboral. Sin importar el ví­nculo que les una o el sexo de la pareja[1].

Nota. Adicionalmente, todos los beneficios “extra” que ofrezca la empresa o contratante y que no sean los contemplados en la ley, deben aplicar por igual a las familias diversas. Por ejemplo, en el caso de matrimonio, aunque no existe la figura legal de “licencia de matrimonio”, en muchas empresas es posible solicitar una licencia temporal, ya sea remunerada o no, aspi mismo existen empleadores que suelen dar un permiso especial en estos casos, estos permisos  deben aplicar por igual en el caso de las parejas del mismo sexo.

No, incluso si fueras desvinculado (a) de la EPS, tendrí­as derecho a que se te siguiera prestando el servicio iniciado antes de la desvinculación a la entidad de salud. Además, actualmente ya no se exige que tu estudies para seguir siendo beneficiario de la EPS de tus padres si no has cumplido los 25 años. En cualquier caso, tu entidad de salud sólo podrá interrumpir el tratamiento cuando te asegure que otra entidad te prestará la atención requerida. (Sentencia T-613/08)

El concepto de tu médico tratante es suficiente para acceder a los medicamentos, pues él es quien además de poseer los conocimientos médicos calificados, conoce tu estado de salud y se encuentra en capacidad de determinar el medicamento o el procedimiento que más conviene para tu recuperación (Sentencia T-053/04, T-190/07)

Si el medicamento o el tratamiento no se pueden reemplazar por otros igual de efectivos que sí­ estén en el POS y, si el no consumir el medicamento o recibir el tratamiento te causa un dolor muy grande o pone en peligro tu vida, tu EPS deberá suministrártelo. Recuerda que el médico que te formuló el medicamento o el tratamiento debe ser un médico de la entidad de salud a la que estás afiliado. (Sentencias SU- 819/99, T-065/04, T-190/04, T-202/04, T-221/04, T-239/04, T-253/04, T-268/04, T-271/04, T-326/04, T- 341/04, T-342/04, T-343/04, T367/04, T-372/05, T-434/06, T-1175/08, T-438/09, T-868/12)

Aunque es cierto que los suplementos nutricionales no son medicamentos y además están excluidos del POS, se considera que estos hacen parte del tratamiento al que tienen derecho las personas que viven con VIH y, por lo tanto, las EPS tienen el deber de proporcionarlos. (Sentencia T-159/06)

La fórmula láctea se encuentra incluida en el POS (Plan Obligatorio de Salud) únicamente para los hijos de mujeres VIH positivo menores de 6 meses, según lo ordenado por el médico tratante. (Sentencia T-681/14)

El tratamiento de los pacientes que viven con VIH/SIDA debe ser integral y garantizar todos aquellos servicios que les permitan llevar el más alto nivel posible de bienestar fí­sico, psicológico, emocional y social. Por lo tanto, si este es tu caso, es tu derecho recibir tratamiento aún cuando no se encuentre incluido en el POS. (Sentencia T-744/10)

El examen de carga viral es fundamental en personas que viven con VIH para establecer el procedimiento médico a seguir, y actualmente se encuentra incluido en el POS. Por tanto, su realización se debe garantizar a todos quienes habiten en el territorio colombiano, sin importar que se encuentre en el régimen subsidiado o contributivo de salud.

Sí­, este examen que permite determinar la resistencia del virus a los medicamentos disponibles para su tratamiento, también se incluye en el POS y por tanto debe serte otorgado en caso de requerirlo.

En el caso del VIH/SIDA, por ser catalogado como una enfermedad catastrófica, se deben inaplicar las normas relativas a perí­odos mí­nimos de cotización cuando requieras este tipo de asistencia médica y demuestres que no estás en capacidad de cubrir el costo por tí­ mismo. Así­, la entidad responsable no puede oponerse a realizar dicho tratamiento o procedimiento médico. (Sentencia T-113/11 y T-253/04)

Podrí­as pedirlo sólo si tu médico lo formula, recuerda que este es uno de los requisitos para que te otorguen medicamentos excluidos del POS. Tu médico podrí­a formularte excepcionalmente el medicamento bajo denominación comercial sólo si este fuere mejor en calidad, seguridad, eficacia y comodidad para ti; si el medicamento genérico produce los mismos efectos, no es necesario que se te formule el comercial. Â (Sentencia T-1175/08).

VIH

Violencia

Esta es una situación que puede ocurrir cuando salimos con personas que no conocemos, debido a que es difí­cil saber a profundidad cómo es la personalidad de estas a través de la red. Por ello, aunque lo mejor es la prevención tomando medidas de seguridad adecuadas, en caso de ser agredido/a, el primer paso es realizar una denuncia ante la policí­a o a través de un CAI virtual, es necesario contar toda la situación, de manera que las autoridades puedan tomar medidas al respecto. En segundo lugar, es importante bloquear el perfil de esta persona en la red social que estés utilizando, todas tienen diferentes maneras de hacerlo, así­ la persona que te agredió no podrá volver a contactarte por este medio.

Este es un caso que se da frecuentemente en las redes sociales, por ello, la mayorí­a de plataformas tienen mecanismos para denunciar y cerrar perfiles que suplantan tu identidad. La mejor manera de cortar el problema de raí­z, es reportando el perfil de esta persona a través de los mecanismos que cada red social dispone para estos casos.

En este ámbito hay que definir qué tipo de discriminación has sufrido, si se trata de discriminación al momento de entrar a un centro nocturno, por ejemplo, debes poner una queja ante la Personerí­a Distrital, en el caso de Bogotá, o la personerí­a de cada municipio. Luego debes describir el hecho con detalles de manera que el establecimiento reciba una sanción adecuada. Si la persona que te discrimina es la persona con la que estás saliendo, debes reportarla en la red social que utilizaste.

Lo más recomendado es reunirse con esta persona en un lugar público, siempre estar pendiente de las bebidas que se consume, no recibir ningún alimento de procedencia desconocida,  no recibir sustancias o drogas desconocidas, avisar a un conocido sobre el lugar en el que va a suceder el encuentro y con quién estamos y, para mayor seguridad, tener algún tipo de código con alguien de confianza para que esta persona comprenda cuándo nos encontramos en una situación incómoda, problemática o de riesgo.

En primer lugar, es importante bloquear esta persona de las redes sociales en las que pueda tener contacto contigo, esto deberí­a ser suficiente. Sin embargo, en caso de que la persona persista y decida acosarte de manera presencial, es necesario interponer una denuncia ante las autoridades, especí­ficamente en la policí­a, a través de la fiscalí­a o ante un CAI virtual.

Debes denunciar el hecho ante la policí­a de delitos informáticos, ante la fiscalí­a o en el CAI virtual, los especialistas revisarán el caso y tomarán las medidas pertinentes. En segundo lugar debes reportar a esta persona en la aplicación que estés utilizando. Algunas plataformas, como Facebook, tienen la opción de denunciar el perfil de alguien, de manera que este sea cerrado por los administradores. La mejor manera de prevenir estas situaciones es evitando compartir contenido que no te gustarí­a que otras personas vieran.

Sabemos que la idea de aplicaciones de citas o, incluso, de las redes sociales, es conocer personas que nos puedan interesar. Sin embargo, debes recordar que puedes estar ante un primer acercamiento con desconocidos, que no nos da mayor información sobre las intenciones que realmente puedan tener. Por esta razón, es importante que no compartir información personal, como la dirección de tu casa, lugar de trabajo, información de tus familiares, cuentas bancarias o lugar de estudio.

La manera más sencilla y rápida de saberlo es realizando una videollamada con la persona antes de encontrarse presencialmente. También puedes encontrar algunos indicios a través de redes sociales como Facebook o Instagram. Es importante aclarar que salir con personas que conocemos a través de la red siempre implica correr riesgos debido a que la información que tenemos de estas personas es muy limitada. Por esta razón siempre es necesario tomar precauciones cuando hablamos o nos encontramos con desconocidos. Si has vivido otro tipo de situaciones que no se encuentre dentro de estas preguntas escrí­benos tu caso al correo info@colombiadiversa.org

La denuncia puede ser presentada por escrito ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalí­a General de la Nación de su lugar de residencia o verbalmente ante funcionario/a de la Unidad de Reacción Inmediata-URI de la misma entidad. Las denuncias que se presentan por escrito ante la Oficina de Asignaciones se hacen en los horarios pre-establecidos por la entidad (en Bogotá de 8:00 AM a 4:00 PM) y deben estar legajadas, y debidamente foliadas (páginas enumeradas).

De igual forma, deben venir con presentación personal la cual puede hacerse previamente ante la Notarí­a de su escogencia o en la misma entidad. Esta modalidad se recomienda para casos en que haya pasado tiempo entre la fecha de los hechos y la presentación de la denuncia.

Por su parte, aquellas que se presentan ante la URI no exigen los requisitos anteriormente mencionados en tanto una entrevista es tomada por parte del funcionario/a de la entidad. Esta es recomendada cuando existe un lapso corto de tiempo entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia, o cuando se requiere que la Fiscalí­a General de la Nación despliegue actos urgentes de investigación (obtención de cámaras de video, valoración médico legal, etc…) o medidas de protección a favor de las ví­ctimas.

Para presentar una denuncia NO se requiere de abogado/a ni tener conocimientos jurí­dicos. Lo fundamental es que se presente una relación clara y, ante todo, veraz de los hechos objeto de denuncia.

Cuando una denuncia es presentada por escrito, normalmente, se le asigna un consecutivo de denuncia (número que se plasma en el sello de recibido). Con dicho consecutivo, o con el nombre y cédula del denunciante, en la misma Oficina de Asignaciones se le puede informar sobre el Número Único de Noticia Criminal-NUNC (también conocido como Radicado).

Normalmente, entre la presentación de denuncia escrita y la asignación de un radicado pasa un tiempo de aproximadamente dos semanas a un mes. En casos en que la denuncia se presenta ante la URI, el radicado se asigna inmediatamente. No obstante, y más allá de los actos urgentes de investigación o medidas de protección, debe esperarse a que la investigación se remita a una Fiscalí­a de indagación para que se adelante la respectiva investigación.

En caso que la Fiscalí­a archive la investigación, la ví­ctima tiene derecho a solicitar su desarchivo y en caso que el mismo sea negado, a solicitar a un juez de control de garantí­as que realice un control de legalidad a dicha decisión. Para garantizar plenamente el acceso de la ví­ctima a estos derechos, se recomienda se cuente con un(a) abogado(a) de ví­ctima. En caso que no se tengan los recursos para sufragar los costos, tanto la Defensorí­a del Pueblo como los Consultorios Jurí­dicos de las Facultades de Derecho pueden acompañar la labor de representación de ví­ctimas.

En Colombia ninguna autoridad pública puede discriminar a una persona con base en su orientación sexual o identidad de género. Si esto ocurre usted puede poner una queja disciplinaria e incluso una denuncia penal dependiendo de lo que haya pasado. Si esto le pasa, escriba el nombre de la autoridad  y número de placa, si es Policí­a; y escriba con mucho detalle todo lo ocurrido. Pida asesorí­a antes de presentar la queja.

Es posible que se impongan limitaciones al derecho de admisión y permanencia siempre y cuando no se haga por razones sospechosas como la raza, la orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, si esto ocurre, tendrá que tener razones suficientes para creer que es por esta razón que le negaron la entrada. Siempre anote los nombres, cosas que le dijeron y escriba detalladamente lo ocurrido (Sentencia T-314 de 2011)

Por ví­ctima se entiende toda aquella persona que pueda acreditar un daño con ocasión de un delito. La condición de ví­ctima se tiene independientemente de la existencia de un proceso penal o que el mismo prospere. Las ví­ctimas tienen derecho a ser informadas sobre el estado y avance de la actuación penal (lo cual incluye también el derecho a obtener copias del expediente desde la misma fase de indagación), a ser tratadas de manera respetuosa y digna, así­ como a participar en las audiencias que sean convocadas en el curso de la actuación e interponer recursos frente a las decisiones que tome el o la juez.

NO. El delito de discriminación sanciona a aquellas personas que de manera injustificada (arbitraria) impidan, obstruyan, o restrinjan el ejercicio pleno de cualquier derecho con base en motivos discriminatorios.

Dado su objetivo misional, que no es otro más que la defensa y progresividad de los derechos de la población LGBT, Colombia Diversa selecciona estratégicamente aquellos casos que decide litigar. En la mayorí­a de casos brindamos una asesorí­a inicial y remitimos el mismo a otras entidades tales como la Defensorí­a del Pueblo o Consultorios Jurí­dicos. Solamente en casos que cumplen con ciertos criterios internos diseñados por la Organización decidimos adelantar la representación. Para ello es importante, pues, que se nos brinde la información más completa y veraz posible en aras de analizar la pertinencia del caso.

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