La acción de tutela procede cuando se necesita de protección inmediata de derechos fundamentales ante acción u omisión de una autoridad o de particulares en los casos previstos, por ejemplo, EPS o IPS. Dentro de la tutela se debe demostrar que existe una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, como la negación de servicios de salud, demoras injustificadas, interrupción de tratamiento, barreras discriminatorias, y demostrar el impacto en vida digna, integridad, salud física y mental.
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