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Comisión de la Sociedad Civil prende las alarmas sobre situación carcelaria en Colombia

Más de 121.000 personas deben soportar a diario la crítica situación de hacinamiento carcelario en Colombia. Basta recordar el informe de la Contraloría General sobre las políticas del sector, presentado en noviembre de 2016, en el que señala que los proyectos para crear mayor infraestructura y mejorar las condiciones de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad se quedaron en “buenas intenciones y fallidos proyectos”.

Por la misma vía la Comisión de Seguimiento de la Sociedad, un grupo conformado por personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen seguimiento a la garantía de estos (del que hace parte Colombia Diversa), lanzó un informe encendiendo las alarmas sobre la situación de muchas personas tras las rejas.

Así, dicha Comisión se puso a la tarea de presentar a la Corte Constitucional su segundo informe sobre la situación del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, frente al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte en la Sentencia T-388 de 2013 y reiterado en la Sentencia T-762 de 2015. Esto, con el objetivo de hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes que la Corte Constitucional le dio al Estado colombiano para superar las situaciones denigrantes en las que se encuentran muchas personas en las cárceles de Colombia.

La situación, según dicho reporte no es alentadora. constata que varios de los problemas identificados por la Corte Constitucional han persistido y que el cumplimiento de sus órdenes ha sido insuficiente. Según cifras del INPEC, el hacinamiento aumentó del 53.9% en 2015 a 54.8% en 2016. También persisten problemas graves en la prestación del servicio de salud en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

No solo eso, se repiten situaciones como el aislamiento en las Unidades de Tratamiento Especial como castigo y durante periodos prolongados. Y necesidades básicas como el agua son un lujo para algunos cuando se dan castigos colectivos como el desabastecimiento deliberado de esta o los traslados selectivos a patios donde pueden ser amenazados y agredidos por otros internos.

 

“Hay castigos colectivos como el desabastecimiento deliberado de agua”

Este informe también resalta que persisten múltiples violaciones a la integridad personal debido al uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de la guardia del INPEC o el uso abusivo de armas de letalidad.
Pero el drama es incluso peor para otras personas, pues son una constante las violaciones a los derechos humanos de poblaciones de especial protección constitucional, como las mujeres, las personas indígenas y las personas LGBT.

Vulneraciones del derecho a la salud de las personas trans, quienes no reciben tratamiento médico por complicaciones de salud derivadas de transformaciones corporales artesanales, y no tienen acceso a procesos de hormonización bajo supervisión médica ni a valoraciones periódicas de las intervenciones corporales realizadas antes del encarcelamiento, son el calvario que deben soportar. También denuncia el uso excesivo e injustificado de la fuerza contra las personas LGBT por parte de la guardia del INPEC, la permisividad ante la violencia por parte de otros internos, el aislamiento indefinido de personas trans en las UTE bajo la excusa de brindarles “protección” de otros internos, las barreras de acceso a la visita íntima, y los castigos a personas LGBT que tienen relaciones de pareja o expresiones de afecto dentro de las cárceles.

“Uso excesivo e injustificado de la fuerza contra las personas LGBT por parte de la guardia del INPEC”

Es así como la Comisión hace un llamado al Estado colombiano a cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional y a garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad, particularmente el derecho a la salud, a la integridad y a la vida digna.

También resalta la necesidad de incorporar enfoque diferencial de género y poblacional para garantizar de manera adecuada los derechos de las mujeres, los indígenas y la población LGBT privada de la libertad. Por último, considera necesario implementar una política criminal más reflexiva y coherente que evite el hacinamiento carcelario.