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Política Pública LGBT

En julio de 2009, Valeria Hernández, una mujer trans, se disponía a asistir a un evento de música electrónica en el centro de Bogotá junto con dos amigos suyos. Al momento de presentar las boletas al ingreso de la fiesta, le fue negada la entrada por ser una persona trans.  Valeria asegura que el Jefe de seguridad del evento iba a llevarla al parqueadero para pegarle pero este intento de abuso de poder fue interrumpido por la Policía Nacional de Colombia.

Frente a este episodio de discriminación, Hernández se comunicó con el departamento de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá para contarles lo que había pasado.

Cuatro meses después, Valeria volvió a asistir al mismo lugar para un evento diferente. En esa ocasión estaba acompañada de una amiga transformista. Lo que no sabía era que se volvería a repetir el mismo caso de discriminación que había sufrido un tiempo atrás, pues el equipo de seguridad no la dejó entrar a ella ni a su amiga debido a su condición de mujer trans.

Pero para el lugar donde ocurrieron dichos eventos discriminatorios, la responsabilidad no era de ellos; pues ellos subcontrataban a organizadores de eventos que no pertenecían a dicha organización. Es así que le transfiere la responsabilidad de los subcontratistas que no dejaron entrar a Valeria en las dos ocasiones pasadas.

Es así que las dos personas subcontrastistas aseguraron que las dos veces (en julio y en septiembre de 2009) en que Valeria intentó ingresar a los eventos, le fue negada la entrada porque se encontraba en un estado de alteración grande y porque había intentado agredir al equipo de seguridad ante la negativa de su entrada.

Acciones legales

Ante la falta de respuestas claras por parte del lugar en donde se organizó el evento en el que ocurrieron los dos casos de discriminación, Valeria decidió poner una tutela en contra de dicho establecimiento con el fin de que se protegieran sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad  y a la dignidad.

El Juzgado 19 civil municipal,  encargado de analizar el caso de esta joven mujer trans, rechazó sus peticiones pues para este no se incurrió en ninguna violación de derechos. Es así que el caso llega a una segunda instancia y es revisado por el Juzgado 25, quien confirma el fallo de primera instancia y le niega la tutela a Valeria Hernández.

Después de estos dos fallos, la Corte Constitucional decidió revisar el caso de Valeria y pidió varios conceptos a organizaciones del Estado y civiles. Dentro de estas, Colombia Diversa, Dejusticia y Women’s Link Worldwide realizaron una intervención en donde las formas de discriminación hacia mujeres trans muchas veces son sútiles e indirectas y que por su complejidad, son difíciles de medir.

Sin embargo, para las tres organizaciones sociales, la Corte Constitucional  tiene unos estándares en los que cuando  “persona que alega discriminación no tiene que demostrar directamente la intención discriminatoria pues se trata de una prueba casi imposible“. Es decir, que se debe demostrar que no se incurrió en algún episodio de discriminación, no al revés.

Pero el caso de Valeria era tan solo la punta del iceberg, pues el Alto Tribunal ya tenía conocimiento de muchos casos de discriminación en contra de personas LGBT, por lo que le pidió a diferentes organizaciones de estado (Ministerios,ICBF, Defensoría del Pueblo, entre otros) que le contaran qué políticas públicas tenían un componente relacionado con la discriminación contra personas LGBT. Y la respuesta fue muy pobre pues aunque se tenía claro las situaciones de vulneración hacia lesbianas, gays,bisexuales y trans, no había una política integradora con diferentes estartegias y con un alcance nacional.

Decisión Final 

La Corte no encontró ninguna prueba de la discriminación sufrida hacia Valeria, pues constató varios testimonios de las personas involucrados en los supuestos casos discriminatorios. Sin embargo, se dio cuenta que no había una medida que protegiera a lesbianas, gays, bisexuales y trans frente a episodios de discriminación, por lo que exhortó al  Ministerio del Interior y de Justicia para que articulara con el apoyo de otras organizaciones del Estado, una política pública “integral nacional, constante y unificada (…)que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas”.

Así mismo, instó a Superintendencia de Vigilancia, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Policía Nacional que tomara medidas de protección frente a la población LGBT en lugares públicos.

 

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